Dos fiscales argentinos pidieron hoy citar a declarar como investigada a la expresidenta Cristina Fernández, entre otros, por presuntas irregularidades, durante su mandato, en la contratación de habitaciones de un hotel de su propiedad a la tripulación de la estatal Aerolíneas Argentinas.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron al juez Julián Ercolini que sean investigadas un total de 18 personas, entre ellas el exministro de Economía Axel Kicillof (2013-2015), los ex titulares de Aerolíneas Argentinas Julio Alak (2008-2009) y Mariano Recalde (2009-2015) y el constructor Lázaro Báez, ya detenido por otras causas, informó la agencia de noticias Télam.
Según la investigación, los imputados por la Fiscalía concretaron una "maniobra criminal" entre 2009 y 2015 "para beneficiarse ilegítimamente con contrataciones públicas" por 16 millones de pesos (794.636 dólares) "canalizados a favor de personas interpuestas y en última instancia a la firma de la familia presidencial".
Los fiscales consideran acreditado que Fernández, conjuntamente con los funcionarios designados en la aerolínea estatal, contrataron "en forma interesada" el Hotel Alto Calafate, de la firma Hotesur -investigada desde hace tiempo en otras causas por corrupción-, propiedad de la ex mandataria y de su familia.
En su dictamen especifican que Aerolíneas contrató más de 26.000 habitaciones del hotel Alto Calafate, en la sureña provincia de Santa Cruz, para su tripulación, de manera direccionada.
Sobre la expresidenta y actual senadora, Pollicita y Mahiques sostienen que "intervino en la presente maniobra desde la faz pública y como accionista de Hotesur del lado privado".
Los fiscales matizan que los funcionarios imputados, cada uno "desde el rol que le correspondía de acuerdo a su cargo", lejos de velar por los intereses del Estado, "sobrepusieron un interés particular con el fin de ejecutar esta matriz de corrupción".
Para la Fiscalía, "desde la cúspide" de la aerolínea se aseguraron que se contratara el hotel de la familia presidencial, "omitiendo todo tipo de control".
Fernández, que reitera que se siente víctima de una persecución política, tiene varias acusaciones de la Fiscalía y abiertos cuatro procesamientos judiciales por hechos presuntamente ocurridos durante su mandato.
El primero se debe a supuestas irregularidades en contratos de futuros de dólar por parte del Banco Central y dos por presunta asociación ilícita en la concesión de obra pública, por supuestamente cobrar, a través del alquiler de inmuebles a empresarios como Báez, retornos económicos de los sobrecostos de las obras adjudicadas.
Por último, también está procesada -y con una orden de detención que no se ha hecho efectiva por tener fueros parlamentarios- por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos de cometer un atentado contra una mutua judía de Buenos Aires que dejó 85 muertos en 1994.
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