Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”, señalando que estas medidas contravienen principios fundamentales del derecho internacional y representan un “precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y la población civil”.
El comunicado reitera que la situación en Venezuela debe resolverse “exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”, y que “solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”.
Los seis países subrayan que América Latina y el Caribe deben mantenerse como “zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención” y llaman a la “unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”. Además, exhortan al Secretario General de la ONU y a los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones.
Los gobiernos expresaron su preocupación ante "cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, advirtiendo que esto sería “incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.