Un nuevo revés judicial sufrió OHL Industrial Chile (OHLI), filial de la española OHLA, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara un requerimiento presentado por la compañía en el marco de un conflicto con Syncore Montajes, conocida antiguamente como Promet Montajes.
La acción buscaba declarar inaplicable, por inconstitucional, un artículo del Código de Procedimiento Civil que, según la empresa, le impedía ejercer adecuadamente su defensa en la ejecución de un fallo arbitral que la condena a pagar más de US$ 16 millones.
El punto central de la controversia radica en que OHLI cuestiona la validez del cobro. La firma sostuvo que el fallo arbitral no establece con precisión el monto exigido, debido a que fija la deuda en dólares, pero no especifica el tipo de cambio para su conversión a pesos chilenos. A su juicio, esto impide determinar con exactitud la suma adeudada, requisito necesario para exigir su cumplimiento.
Sin embargo, la empresa afirmó que no ha podido hacer valer ese argumento. Esto, porque Syncore optó por una vía de cobro más expedita, denominada “cumplimiento incidental”. Bajo este mecanismo, la normativa vigente restringe las defensas del deudor a un conjunto acotado de excepciones, entre las cuales no se encuentra la posibilidad de cuestionar la validez del título ejecutivo, precisamente la objeción que OHLI buscaba plantear.
La aplicación de este artículo -sostuvo la compañía ante el TC- la deja en “completa indefensión”, obligándola a soportar una ejecución forzada sin poder discutir un defecto grave del laudo, lo que a su juicio vulnera garantías como el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
No obstante, el tribunal desestimó estos planteamientos. Con esta decisión, se despeja el camino para que Syncore -representada por ARH Abogados- continúe con la ejecución forzada del fallo arbitral.
Los abogados de OHL -representados por la firma española Garrigues- no quisieron comentar los distintos escenarios judiciales abiertos.
$21.086 MILLONES SON LOS PASIVOS DE OHLI
Origen del conflicto
La disputa entre ambas compañías se remonta a 2022, cuando Syncore Montajes demandó a OHLI por incumplimiento contractual, solicitando el cumplimiento forzado del contrato junto con indemnización de perjuicios.
El conflicto tiene su origen en un contrato EPC suscrito en 2019 entre OHLI y Mantos Copper, por aproximadamente US$ 160 millones, en el cual Syncore participó como subcontratista en la construcción de obras greenfield del proyecto minero.
En julio del año pasado, el tribunal arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de Santiago acogió la demanda y condenó a OHLI a pagar una suma de más de US$ 16 millones, más intereses, por incumplimientos en la ejecución del contrato.
Escenario financiero
El revés judicial se produce en medio de un deteriorado escenario financiero para la compañía. Hace pocas semanas, OHLI solicitó su liquidación voluntaria, reportando pasivos por $ 21.086 millones al cierre de 2025.
Según explicó la empresa en su presentación, desde 2023 ha enfrentado un deterioro sostenido de su situación financiera, reflejado en resultados negativos, un aumento significativo de su endeudamiento -principalmente con partes relacionadas- y una disminución progresiva de su liquidez.
La firma atribuyó este escenario a tres factores principales: el incremento de su deuda para cubrir necesidades de caja, la existencia de contingencias judiciales relevantes -tanto civiles como laborales- y la acumulación de obligaciones impagas con proveedores y otros acreedores.
En este contexto, Syncore Montajes figura como el principal acreedor individual de la compañía, precisamente por el laudo arbitral que ahora podrá seguir su curso de cobro.
No obstante, OHLI indicó hace algunas semanas a este mismo medio que dicha deuda aún no ha sido pagada, debido a que se encuentra vigente una orden de no innovar en el procedimiento asociado a un recurso de queja, con el cual la empresa busca mitigar los efectos de la sentencia condenatoria.
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