La maquinaria de estímulos de Brasil toma velocidad mientras Lula busca la reelección
El mandatario brasileño pretende acelerar el crecimiento, incluso si eso debilita la campaña del banco central para contener los precios con una de las tasas de interés más altas del mundo.
Por: Bloomberg
Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 11:33 hrs.
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Cuando los principales funcionarios del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúnen los lunes para discutir los asuntos más urgentes del Gobierno de Brasil, hay una regla clara: guardar silencio si no es para defender medidas de estímulo.
El mandatario de izquierda retomó las reuniones de coordinación de alto nivel que, durante su primer Gobierno, ayudaron a mantener a su administración enfocada en contener los déficits presupuestarios mientras expandía el gasto social.
Esta vez, mientras Lula busca otro mandato en octubre, asesores familiarizados con el tema afirman que la disciplina fiscal ha quedado en segundo plano, ya que las discusiones se concentran casi exclusivamente en cómo impulsar el crecimiento, elevar los ingresos y mejorar su posición ante los votantes.
El gasto en años electorales no es una novedad. Lo que distingue a Brasil es la magnitud del estímulo impulsado por Lula, equivalente hasta ahora al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según Santander. El Gobierno está desplegando medidas con tal rapidez que la economía gana impulso pese a que cuenta con una de las tasas de interés reales más altas del mundo.
El Presidente, de 80 años, busca acelerar el crecimiento y mejorar sus opciones de reelección, incluso si eso debilita la campaña del banco central para contener los precios y aumenta la carga de deuda de Brasil.
“Existe una descoordinación entre la política fiscal y la monetaria que probablemente persistirá durante todo el año, especialmente en un contexto electoral”, dijo Gustavo Loyola, exgobernador del banco central y actual socio de la consultora Tendencias. “Mientras el Gobierno pisa el acelerador, el banco central se mueve en dirección opuesta”.
La oficina de prensa de Lula señaló que, desde enero de 2023, el Congreso ha aprobado 72 medidas económicas impulsadas o respaldadas por el Gobierno. La lista incluye reformas como el nuevo marco fiscal. El Ministerio de Hacienda participó directamente en más de la mitad de esos proyectos, lo que demuestra cómo la institución “opera en sintonía con las demandas de cambio de la sociedad”.
Tras casi estancarse el año pasado bajo el peso de una tasa de referencia de 15%, la mayor economía de América Latina ahora parece crecer a un ritmo anualizado cercano a 4%. El PIB probablemente aumentó 1% en el primer trimestre frente a los tres meses previos, y los primeros datos apuntan a un avance de 0,9% en el segundo trimestre, según el modelo nowcast de Bloomberg Economics.
La agencia de estadísticas de Brasil publicará las cifras oficiales del PIB del primer trimestre el 29 de mayo.
La estimación del segundo trimestre aún podría cambiar a medida que se conozcan nuevos datos. Pero el repunte del PIB frente a una política monetaria extremadamente restrictiva es “sorprendente”, afirmó Adriana Dupita, economista para Brasil en Bloomberg Economics.
“La economía todavía debería estar sintiendo los efectos rezagados y acumulados del ajuste monetario más fuerte y prolongado de las últimas dos décadas”, dijo. “El apoyo fiscal —un mayor umbral de exención del impuesto a la renta y subsidios a los combustibles— ayuda a explicar esta fortaleza”.
Decisiones a toda velocidad
La urgencia del Gobierno se refleja en la rapidez de las decisiones políticas. El 12 de mayo, la administración eliminó rápidamente un impuesto muy impopular sobre importaciones de bajo valor después de que el presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, advirtiera que los legisladores preparaban un proyecto para eliminar el gravamen por su cuenta, según una persona familiarizada con el tema. Esa misma noche, los periodistas fueron convocados a una conferencia improvisada y recién supieron el tema cuando estaba por comenzar.
La avalancha de estímulos también ha incluido rebajas de impuestos a los combustibles, subsidios a la electricidad y al gas de cocina para los sectores más pobres y un programa para ayudar a las familias a renegociar miles de millones en deudas. El Gobierno primero ofreció créditos baratos para que camioneros compraran vehículos nuevos y luego lanzó un plan similar para taxistas.
En conjunto, estas medidas podrían añadir hasta 1,4 punto porcentual al PIB este año, según la corredora local XP. Como referencia, los analistas consultados por el banco central prevén que la economía crecerá 1,9% en 2026.
Las señales de resiliencia económica se acumulan día a día. Solo este mes, datos oficiales mostraron que las ventas minoristas y la producción industrial de marzo superaron las expectativas de los analistas. La creación de empleo formal también se disparó en el mismo período.
Debate interno en torno al crédito
Algunos funcionarios temen que, al ofrecer más crédito, el Gobierno esté socavando sus propios esfuerzos para aliviar el endeudamiento récord de los hogares, que los asesores consideran un lastre para la popularidad de Lula.
Esa preocupación fue planteada en una reunión de coordinación, pero no logró convencer al grupo más amplio, según un funcionario con conocimiento del tema. El argumento ganador fue que los programas de crédito harían que el Presidente se vea bien ante los votantes.
El choque refleja una disyuntiva que se está convirtiendo en una característica central de la estrategia de Lula. Con índices de aprobación bajo 50%, sus aliados sostienen que la prioridad es conquistar a los votantes de clase trabajadora manteniendo la economía activa.
“Dentro del Gobierno existe la visión de que el crecimiento requiere estímulo fiscal y expansión del crédito”, dijo Manoel Pires, director de un centro de política fiscal y presupuestos públicos de la Fundación Getulio Vargas.
Para Lula, todo forma parte del plan. “Queremos que ustedes se hagan cargo de sus deudas para que puedan seguir consumiendo y comprando lo que quieran”, dijo a comienzos de mayo al detallar el programa para ayudar a las familias a renegociar sus deudas.
“Dinámica perversa”
El estímulo de Lula está dificultando que el banco central reduzca los costos de financiamiento, que se mantienen en elevados 14,5%.
Ajustadas por inflación, las tasas de interés de Brasil son las segundas más altas entre las principales economías del mundo, solo detrás de Turquía, según Bloomberg Economics. La inflación y las expectativas inflacionarias están por encima de la meta de 3% y siguen aumentando.
A diferencia de Chile y México, que han reducido fuertemente las tasas desde los máximos posteriores a la pandemia, Brasil podría haber perdido su oportunidad de recortarlas de forma significativa, ya que la guerra con Irán ha elevado los precios del petróleo y aumentado las presiones inflacionarias globales.
Las altas tasas están agravando los problemas de deuda corporativa. La empresa de salud Kora Saúde presentó recientemente una reestructuración extrajudicial, sumándose a firmas como Raízen y Companhia Brasileira de Distribuição. Otras, entre ellas Alliança Saúde y Oncoclínicas, han solicitado protección judicial frente a acreedores.
“Hay una dinámica perversa detrás de esta situación”, afirmó el economista jefe de XP, Caio Megale, señalando que los persistentes altos costos de financiamiento aumentan las probabilidades de futuras ayudas estatales. “Un problema alimenta al otro”.
Resaca
El estímulo aplicado hasta ahora tiene un costo cercano a 200 mil millones de reales (US$ 40 mil millones), equivalente a cerca de 1,5% del PIB, según Banco Santander. Sin embargo, la resaca fiscal se extenderá mucho más allá.
Las finanzas públicas son un problema histórico para Brasil, que perdió el grado de inversión en 2015 principalmente debido al aumento de los déficits fiscales y la deuda. Desde entonces, los gobiernos sucesivos han tenido dificultades para recomponer las cuentas públicas y restaurar la credibilidad en la gestión presupuestaria.
El déficit nominal de Brasil compite actualmente con el de China como el mayor del mundo, según el Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Más recientemente, el déficit aumentó a 9,4% del PIB en marzo, cuando Brasil registró el mayor desequilibrio presupuestario mensual desde el punto más crítico de la pandemia, informó el banco central. La deuda bruta en el mismo período subió a 80,1% del PIB.
Además, el nuevo estímulo agregará dos puntos porcentuales a la deuda de largo plazo como proporción del PIB, según Banco Santander. “La deuda de Brasil seguirá creciendo hasta el final de la década”, dijo Italo Franca, economista del banco.
Fábio Terra, jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Dario Durigan, adopta un tono distinto y sostiene que la política fiscal de Brasil es neutral y que los programas de estímulo están focalizados en resolver problemas de sectores específicos. “Esta es una administración atenta a las necesidades de la población y del país, y que diseña políticas públicas focalizadas”, afirmó Terra.
El Gobierno de Lula mantiene su compromiso de alcanzar en 2026 un superávit fiscal primario —que excluye los pagos de intereses de la deuda—. Los resultados primarios en años recientes han estado aproximadamente equilibrados.
El equipo económico ha intentado encontrar fórmulas para entregar estímulo minimizando el impacto fiscal. Por ejemplo, funcionarios señalaron que utilizarán ingresos extraordinarios provenientes de depósitos petroleros para financiar recortes temporales de impuestos a combustibles como gasolina, diésel, etanol y biodiésel.
Bank of America estima que precios del petróleo en torno a US$ 93 por barril se traducirían en cerca de 137 mil millones de reales anuales en ingresos adicionales para el Gobierno federal de Brasil. Incluso después de las medidas para proteger a los consumidores de combustibles más caros, el banco proyecta una ganancia fiscal neta potencial de unos 100 mil millones de reales —cerca de 0,8% del PIB— en 2026.
Además, la propuesta presupuestaria del Gobierno para 2027 también muestra un compromiso con la reducción del gasto obligatorio en los próximos años. No es un desafío menor, considerando que los desembolsos establecidos por la Constitución representan 90% del gasto total, lo que deja escaso margen de flexibilidad fiscal.
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