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Publicado: Martes 6 de agosto de 2013 a las 05:00 hrs.
Por Raissa Robles
, Manila
Luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de China terminara un viaje de dos días a Vietnam el domingo, Filipinas se convierte en el único país demandante en la disputa del Mar del Sur de China que Wang Yi no ha visitado.
Pero el secretario de Relaciones Exteriores filipino, Albert del Rosario, no se da por vencido. Cuando conoció a su par vietnamita, Pham Binh Minh, en Manila el jueves, Pham le dijo: “el ministro de Relaciones Exteriores chino viene (a Vietnam). ¿Tiene algún mensaje?
Del Rosario le respondió: “sí. Por favor, estoy esperando una respuesta positiva a mi invitación” para que el ministro de Relaciones Exteriores de China visite Manila.
El desaire de China subraya el distanciamiento entre los dos países previamente cercanos. Desde que asumió el cargo en marzo de este año, Wang ha visitado siete de los diez estados miembros de Asean. Dos de los que no ha visitado –Camboya y Myanmar- tienen relaciones cercanas con China y reciben generosas ayudas e inversiones.
Del Rosario ha extendido la invitación a Wang poco después que tuvieran “un intercambio irritable”, según informes de prensa, durante la reunión de Asean el 30 de junio en Brunei, el cual incluía a China.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.