Esta vez debe funcionar. Eso piensan los banqueros en Madrid en vísperas de la presentación mañana de los resultados de una auditoría a la banca. Muchos creen que es la última oportunidad del gobierno para convencer al mundo de que tiene la crisis bancaria bajo control.
El ministro de Finanzas de España, Luis de Guindos, aseguró en febrero que “ni un euro” de dinero público iría a parar a la banca local. Pero la credibilidad del nuevo gobierno quedó en duda dos meses después, cuando Bankia, el cuarto banco más importante, pidió ayudas por 19.000 millones de euros.
En respuesta, Guindos encargó a la auditora Oliver Wyman una revisión de la banca. Mañana la firma entregará lo que Madrid espera sea la evaluación definitiva del daño causado al sector por la burbuja inmobiliaria.
El resultado determinará cómo usar 100.000 millones de euros de rescate pedidos en junio, pero inversionistas y analistas ya cuestionan la integridad de la evaluación.
Una evaluación provisional previa de junio de Oliver Wyman estimó las necesidades en entre 51.000 millones y 62.000 millones de euros.
Mientras Santander y BBVA, los dos principales bancos españoles, tienen operaciones internacionales que les han ayudado a diversificarse de la débil economía local, otros como La Caixa y Banco Popular están casi totalmente expuestos al mercado interno.
También se teme que los términos del rescate dañen la futura rentabilidad de la banca local y europea. Está previsto que una condición del rescate será la amortización de la deuda bancaria.
Charles Dallara, director del Instituto de Finanzas Internacionales, señaló que el rescate de bancos podría afectar la recuperación europea.
“Podría sentar un precedente en Europa que socave la confianza de los inversionistas en la banca europea”, dijo.
Como gran parte de la deuda bancaria está en manos de depositantes minoristas, además se teme que la medida sea contraproducente.
“Compartir la carga fue una idea de las autoridades”, señaló un analista. “Pero dieron por hecho que sería asumida por grandes inversionistas institucionales, no (...) el inversionista particular. Si se afecta a los depositantes y retiran su dinero en masa, podría aumentar los problemas de la banca”.
Tras cuatro reformas bancarias en tres años, el gobierno deberá aceptar que a menos que en el exterior queden convencidos esta vez, la credibilidad que han perdido no volverá hasta mucho después de que dejen el gobierno.
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