Un grupo de estados estadounidenses ha acusado a la administración de Donald Trump de llevar a cabo una "farsa" en la investigación que sirvió de base para su más reciente ronda arancelaria.
Más de 20 fiscales generales demócratas han impugnado la política tarifaria que apunta contra socios comerciales por presuntas violaciones de las leyes sobre trabajo forzoso, argumentando que la administración utilizó la investigación "como pretexto para continuar con su plan arancelario ilegal".
La demanda es la más reciente en impugnar los gravámenes aplicados a más de 60 socios comerciales y amenaza con iniciar otra prolongada batalla legal en torno a la principal política económica del Presidente de EEUU y su intento por reformular el comercio mundial.
A comienzos de este año, la Corte Suprema de EEUU anuló la mayoría de los aranceles de Trump, al determinar que no podía invocar facultades económicas de emergencia para imponer gravámenes a sus socios comerciales.
Desde entonces, el Gobierno ha invocado dos leyes comerciales estadounidenses distintas para aplicar aranceles de al menos 10% a todos sus principales socios comerciales, mientras Trump ha presionado a sus asesores para mantener vigente su política comercial pese al fallo del máximo tribunal.
A fines del mes pasado, EEUU anunció que aplicaría nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% a más de 60 socios comerciales (incluído Chile), después de realizar una investigación para determinar si los países estaban haciendo cumplir las normas sobre trabajo forzoso.
El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que estos gravámenes eran “el tercer intento del Presidente Trump de imponer ilegalmente aranceles que encarecerían la vida de las familias y las pequeñas empresas estadounidenses”.
“Los aranceles son impuestos, y el pueblo estadounidense no puede ni debe asumir los costos adicionales derivados de la fallida e ilegal política económica del Presidente, por mucho que él quiera que lo haga”, señaló en un comunicado.
La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada para aplicar los aranceles relacionados con el trabajo forzoso, es ampliamente considerada más sólida desde el punto de vista jurídico que algunas de las otras leyes empleadas por el Gobierno de Trump para imponer gravámenes.
La ley ya había sido utilizada tanto por Trump como por el Gobierno de su predecesor, Joe Biden, para aplicar aranceles a algunos socios comerciales.
Varios otros grupos también han presentado acciones legales contra los gravámenes más recientes.
Los abogados que representan a Learning Resources, que impugnó con éxito ante la Corte Suprema los anteriores aranceles de emergencia de Trump, argumentaron en su presentación que el Gobierno había iniciado un “abuso sin precedentes, sin fundamento e indiscriminado de la Sección 301 para imponer miles de millones de dólares en impuestos a los estadounidenses, incluidas las empresas familiares de los demandantes y sus clientes”.
“La farsa debe terminar. Este tribunal debería declarar ilegales los aranceles globales aplicados en virtud de la Sección 301 y dejarlos sin efecto”, señalaron sus abogados.
La presentación fue realizada el mismo día que una demanda separada interpuesta por abogados del Liberty Justice Center, quienes argumentaron que “el Gobierno no puede preservar una política arancelaria global predeterminada simplemente pasando de una ley a otra”.
Kush Desai, vocero de la Casa Blanca, afirmó que EEUU estaba “utilizando su autoridad legal para conseguir la eliminación de actos, políticas y prácticas irrazonables que afectan al comercio estadounidense”.
“El hecho de que un país extranjero no imponga ni haga cumplir efectivamente una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso es irrazonable y afecta al comercio estadounidense, incluidos los trabajadores estadounidenses, y debe ser abordado”, dijo Desai.
“Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta jurídicamente duradera desde el primer mandato del Presidente, y siguen siéndolo ahora”, agregó.
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