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Publicado: Miércoles 7 de agosto de 2013 a las 05:00 hrs.
Tal como adelantó El Cronista, el gobierno está a un paso de regular el multimillonario negocio de la compra-venta de granos en Argentina. El nuevo avance buscará dar a luz a una plaza concentradora de los negocios granarios, un universo mayor a US$ 50.000 millones que a partir de ahora estará bajo el control del Ejecutivo.
El dinámico y polémico alfil de Hacienda que es la Comisión Nacional de Valores (CNV), el órgano encargado de regular, fiscalizar y controlar a los participantes de todos los mercados con oferta pública del país, ha incorporado -pero no publicado- la reglamentación que obligará a los corredores (de granos, de bonos, etc) que hoy no realizan operaciones en el marco de una mercado la obligatoriedad para que registren todas estas operaciones.
La comercialización de granos conforma una gigantesca plaza de negocios que hasta ahora está exenta de regulación. Una vez supervisado, la autoridad tendrá información vital de la cantidad de toneladas de soya, trigo, maíz y otros cereales y oleaginosas que se comercializan en Argentina, y también podrá hacer un seguimiento pormenorizado del stock que declara cada productor, cuánto comercializa a pooles o exportadores, y cuánto declaran éstos a la hora de realizar la venta al exterior de esa mercancía.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.