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Publicado: Miércoles 7 de agosto de 2013 a las 05:00 hrs.
Por Eric Ng
El gobierno de Mongolia espera aprobar este año una nueva ley de Inversión Extranjera Directa (IED) para modernizar la aprobación de inversiones de las empresas estatales extranjeras, según un alto funcionario.
Saikhanbileg Chimed, un miembro del parlamento y el jefe de la secretaría del gabinete, dijo que, conforme a la legislación propuesta, que las inversiones de las empresas estatales extranjeras en las industrias estratégicas de Mongolia serán aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Económico.
“El proceso es bastante lento ahora, (y) la nueva ley lo simplificará y agilizará”, dijo el parlamentario, agregando que las industrias cubiertas incluyen bancos, mineras y telecomunicaciones.
La ley vigente estipula que las empresas estatales extranjeras comprando más de un 49% de participación en un activo en las industrias necesitan la aprobación del parlamento, acotó. El parlamento está en receso y se reanudará en octubre.
La propuesta para reducir la burocracia llega mientras el país lucha con un crecimiento más lento de la economía, mientras los precios de los commodities, especialmente los de sus principales exportaciones -carbón y cobre– caen. Una marcada desaceleración en el continente, su mayor mercado de exportación económica de materias primas, no ha ayudado.
El interior de la nación reforzó su veto a la inversión extranjera –tanto por empresas privadas como estatales- en mayo del año pasado, justo antes de las elecciones parlamentarias que vieron un cambio en el gobierno.
La medida fue vista como una concesión populista para ganar votos en medio de un recrudecimiento del nacionalismo de recursos. En abril, Ulan Bator corrigió la ley para eximir las empresas extranjeras privadas de las nuevas restricciones.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.