Países andinos consiguen la extensión de preferencias arancelarias con EE.UU.
Será de un año para Perú, Colombia y Ecuador, y de seis meses para Bolivia.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 3 de octubre de 2008 a las 15:49 hrs.
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La Cámara de Representantes de Estados
Unidos aprobó hoy definitivamente la extensión de las preferencias
arancelarias a los países andinos, que finalmente será de un año
para Perú, Colombia y Ecuador, y de seis meses para Bolivia.
Estados Unidos mantiene un programa de beneficios arancelarios
desde 1991 con estos países a través del Tratado de Preferencias
Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA, por su
sigla en inglés), cuya vigencia expiraba en diciembre.
A cambio de su compromiso en la lucha contra el narcotráfico,
Estados Unidos permite que miles de productos de Colombia, Perú,
Ecuador y Bolivia entren al país sin aranceles.
En principio, Perú y Colombia disfrutarán de una extensión de un
año, al igual que Ecuador, aunque en este último caso, tendrá que
ser revisado a los seis meses.
En el caso de Bolivia se prorroga por seis meses, a menos que el
presidente de Estados Unidos, George W. Bush, considere que ese país
está cumpliendo con los reglamentos y se apruebe una extensión
adicional.
Bolivia se encuentra en una situación delicada puesto que la Casa
Blanca ha iniciado los trámites para excluir a este país del
programa de preferencias arancelarias en un futuro, por su presunta
falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
No obstante, el fin del programa y la subida de las tasas
aduaneras para Bolivia no serán inmediatos y la situación puede
cambiar en esos seis meses.
La aprobación de esta medida llega en uno de los momentos de
mayor tensión entre ambos países, después de que el presidente
boliviano, Evo Morales, expulsó al embajador de EE.UU. en La Paz,
Philip Goldberg, acusado de alentar la violencia generada por la
oposición.
Estados Unidos respondió con la misma moneda y el representante
de Bolivia ante la Casa Blanca, Gustavo Guzmán, abandonó el país.
El vicepresidente para Asuntos Internacionales de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos, John Murphy, consideró que el Gobierno
estadounidense "está dando una señal muy clara de su preocupación
con Bolivia y Ecuador".
Murphy señaló que el ATPDEA "no sólo incluye el reconocimiento en
la lucha contra las drogas, sino que también valora el respeto a los
derechos humanos" y manifestó la preocupación de la Cámara de
Comercio por la situación de las empresas estadounidenses en estos
dos países.
Durante los últimos meses representantes de los cuatro Gobiernos
han viajado a Washington para pedir la ampliación de estos
beneficios por el impacto que tienen en sus economías.
Según datos del Gobierno de Bolivia, más de 100.000 empleos
bolivianos dependen de esas preferencias arancelarias y en 2007
Bolivia vendió a Estados Unidos bienes por valor de US$362 millones.
En el caso de Ecuador, que también ha mantenido un contencioso
con Estados Unidos por no renovar el convenio para continuar con las
operaciones antidrogas conjuntas desde la base militar ecuatoriana
de Manta, el tratado "permite mantener a 1,4 millones de personas en
las zonas rurales gracias a los 350.000 puestos de trabajos que
genera", indicó el embajador Luis Gallegos.
Según datos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos el 98% de las exportaciones peruanas se benefician del libre acceso
al mercado estadounidense y se han generado en el país más de
900.000 puestos de trabajo.
Mientras que en Colombia se han generado 600.000 puestos de
trabajo y el 93% de los productos que exporta a Estados
Unidos no tienen carga impositiva.
El congresista demócrata por Nueva York Eliot Engel, presidente
del subcomité de Asuntos Exteriores para América Latina, felicitó a
la Cámara por pasar la extensión del tratado y urgió al presidente
estadounidense, George W. Bush, que lo ratifique.
Eliot señaló que el funcionamiento del APTDEA estos años "ha sido
un gran éxito" y ha permitido la creación de miles de trabajos "que
han mejorado la situación de la gente más empobrecida de la región".
El congresista consideró necesaria más colaboración con los
países andinos para luchar contra la producción de droga y subrayó
que cada trabajo creado por este programa "es otro potencial
inmigrante ilegal que puede permanecer en su país de origen".
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