Para dar una señal positiva al mercado y destrabar inversiones en el área de las telecomunicaciones, el gobierno de Brasil tiene apuro en aprobar en el Congreso los cambios a las reglas del sector. El propio ministro de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones, Gilberto Kassab, que antes estaba más cauteloso, se involucró en la articulación del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo.
De autoría del diputado Daniel Vilela, la propuesta prevé que los bienes transferidos a las empresas en los contratos de concesiones sean contabilizados como parte de su patrimonio. En contrapartida, las compañías tendrán que invertir de manera prioritaria en los servicios de banda ancha, el equivalente al valor de esos activos, que pasarían a entrar en sus balances.
La medida cuenta con el visto bueno de los empresarios del sector. El cambio representaría un alivio para Oi, la compañía que se acogió a protección de acreedores. La estimación inicial es que la compañía tendría cerca de 8 mil millones de reales en bienes reversibles. Incluso si fuera autorizada para venderlos, los recursos obtenidos tendrían que ser reinvertidos en infraestructura. La evaluación es que, de cualquier forma, la empresa tendría ahora un marco regulatorio más interesante para los inversionistas extranjeros. La semana pasada, el ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha, dijo que el gobierno está dispuesto a apoyar a Oi en loa búsqueda de un socio.
Aumenta atractivo
El proyecto posibilita hacer cambios en el régimen de prestación de servicios de telefonía fija, pero sólo en las regiones que son más competitivas. Para los expertos, esto significa menos exigencias, más inversiones, y mayor atractivo para el capital externo. El cambio en el modelo, con todo, está condicionado al cumplimiento de las metas previstas en los contratos.
“Existen relatos de empresas que no cambian los cables de la fibra óptica, por ejemplo, porque tendrían que devolverlos cuando termine el contrato”, dice Vilela.
En el gobierno, el asunto está siendo discutido por un grupo especial integrado por los ministerios de Planificación y de Comunicaciones, por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones y por Vilela. Las disposiciones actuarían como reglamento sin necesidad de ser aprobados en el congreso. Este es el caso de los criterios para calcular los bienes reversibles, aquellos que al finalizar el contrato, como los inmuebles y los equipos, tenían que ser devueltos al Estado.
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