El abogado Julio César Martins Casarin presentó ante el Supremo Tribunal Federal (TSF) de Brasil una orden que exige la suspensión de una parte de la votación del impeachment contra Dilma Rousseff (PT) y su inhabilitación para cargos públicos. El documento afirma que “el impeachment y la inhabilitación no pueden disociarse”.
“La Constitución no permite interpretación en cuanto a la disociación de la pérdida del cargo en relación a una inhabilitación por ocho años para el ejercicio de funciones públicas”.
En tanto, la Asociación Médica Brasileña (AMB) también inició una acción en el Supremo solicitando que Rousseff quede inhabilitada para ejercer cargos.
“La Constitución dice, en el artículo 52: ‘la pérdida del cargo, con inhabilitación, por ocho años para el ejercicio de funciones públicas, sin prejuicio de otras sanciones judiciales aplicables’”, afirmó el coordinador jurídico de AMB, Carlos Michaelis Jr. Durante la gestión de Rousseff, la entidad criticó las políticas en el área de la salud y defendió el juicio político.
Con la salida de Rousseff, la AMP decidió utilizar una orden judicial solicitando su descalificación. “Antes de cualquier cosa, es inmoral cambiar las reglas del juego, que están detalladas en la carta magna del país, para disminuir las consecuencias de la destitución de Dilma Rousseff”, dice el escrito presentado por la entidad. “Y aún más grave, es que sienta un precedente para que maniobras reglamentarias semejantes sean utilizadas en casos de otros políticos (de otros partidos) o agentes públicos que están siendo investigados, en el marco de las operaciones conocidas como Lava-Jato, por ejemplo, y que serán juzgados por el Congreso o el STF”, apunta.
Defensa de Rousseff
La defensa de la ex presidenta Dilma Rousseff también llegó con una orden judicial al STF para pedir la anulación de la sentencia que la condena por crimenes de responsabilidad.
Según el abogado de la ex jefa de Estado, José Eduardo Cardozo, el dictamen está repleto de “ilegalidades e inconstitucionalidades”.
Además, pidió la realización de un nuevo juicio.
En el recurso, la defensa argumentó que las violaciones “menos graves” de la ley de presupuesto, que no configuran simultáneamente atentado contra la Constitución, deslegitiman la decisión de decretar el juicio político.
“Permitir que el impeachment fuera decretado por cualquier violación menor de la ley presupuestaria debilitaría seriamente el mandato presidencial, agravaría las disfunciones del presidencialismo de coalición y retiraría la importancia del momento más fundamental de la democracia brasileña: la elección directa del presidente de la república por el pueblo”, apunta el texto.
La demanda también argumenta que Rousseff tiene el “derecho incuestionable” para ser procesada dentro de los límites impuestos por la Constitución y legislación pertinente.
PT analizará ser una oposición intransigente
La directiva del Partido de los Trabajadores (PT) se reunirá hoy para discutir el papel que tomará la organización como oposición al gobierno de Michel Temer. Es el primer encuentro de los miembros de la agrupación tras el juicio político que destituyo a Dilma Rousseff. En septiembre, entre los días 15 y 16, se llevarán a cabo también dos encuentros del directorio nacional con la presencia confirmada del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De acuerdo con los dirigentes petistas, la tendencia es que el partido adopte una posición firme e intransigente contra la gestión del PMDB, sobre todo en relación con la reforma de pensiones y las propuestas que abordan los cambios en la legislación laboral. La idea de promover nuevas elecciones, como planteó Rousseff, podría no tener respaldo.
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