La moción impulsada por el comité de acreedores no garantizados de CorpGroup Banking (CGB) tuvo efectos en el caso.
Tras la solicitud efectuada a la jueza Kate Stickles para autorizar una investigación y procesar una serie de reclamos en contra de Jorge Andrés Saieh y Catalina Saieh en calidad de directores de las empresas del grupo Saieh que se encuentran acogidas al Capítulo 11 del Código de Quiebras de EEUU, los abogados de CGB presentaron el lunes un plan de reestructuración financiera.
El CEO de CGB, Andrés Winter, aseguró a El Mercurio que el plan cuenta con el apoyo de Itaú Unibanco, que es el mayor acreedor de las empresas del grupo Saieh sometidas al Capítulo 11.
Entre los principales lineamientos del acuerdo, se propone que Itaú Unibanco reciba las acciones de Itaú Corpbanca que tiene en garantía por las líneas de créditos de US$ 850 millones. Además, tendrá parte de las acciones libres de prenda.
De esta manera, los bonistas a los que CGB le adeuda US$ 500 millones se quedarían con el 1,8% de las acciones de Itaú Corpbanca.
La jueza del Tribunal de Quiebras de Delaware, Kate Stickles.
18 de enero: la audiencia clave
Si bien el 5 de enero Jorge Andrés Saieh está citado para responder el interrogatorio que hará el comité de acreedores no garantizados, la fecha clave del proceso será la audiencia del 18 de enero a las 11:30 hora de Chile.
Ese día, la jueza Stickles conocerá los pormenores de la moción que presentó el comité y también escuchará los detalles del plan de CGB, por lo que se espera que zanje el futuro del proceso de reestructuración de las sociedades de Saieh.
Entre los aspectos que deberá resolver está la solicitud de “recaracterización” que buscar ejercer el comité en contra de Itaú Unibanco.
El objetivo de esta acción es el de limitar los reclamos que ha hecho el banco brasilero sobre las acciones de Itaú Corpbanca que tiene CGB y que están en prenda por el financiamiento que se entregó al grupo Saieh tras la fusión entre Itaú y Corpbanca en 2014.
El comité reclama que Itaú Unibanco tiene responsabilidad en la quiebra de las sociedades de Saieh. “Orquestó la fusión de una manera que se benefició en detrimento de los deudores y sus acreedores, ya sea consintiendo a sabiendas o haciendo la vista gorda ante las transacciones indebidas con partes relacionadas, y causando directamente los problemas financieros”, sostuvo el comité.
Los costos de la batalla legal
En tanto, los abogados de CGB presentaron ayer una moción en donde reconocieron que “no pueden pagar sus obligaciones con Itaú y sus US$ 500 millones de pagarés”.
Afirmaron que bajo el Capítulo 11 esperan “que los costos del caso se mantengan aproximadamente constantes, o incluso aumenten, hasta que se confirme un plan”.
Para financiar los costos de la reestructuración, el grupo Saieh dispuso US$ 13 millones para su financiamiento, pero “ha quedado cada vez más claro que no serán suficientes”.
Por ello, requirieron la autorización para vender un paquete de acciones libres de prenda valorizado en US$ 7,5 millones. Aseguraron que de esta manera podrán cubrir los costos del caso hasta abril de 2022.
Tras el aumento de capital que realizó Itaú Corpbanca, el grupo Saieh se quedó con el 14,29% de la propiedad, de la cual un 3,51% está libre de garantías. Este porcentaje fue valorado en US$ 65,2 millones.
CGB informó que BTG Pactual actuaría como el corredor de bolsa a cargo de la venta del paquete accionario si recibe la venia del Tribunal de Quiebras de Delaware.
También, hicieron ver que antes de fichar a BTG, se acercaron a tres corredoras activas en el mercado.
Asimismo, estos días se conocieron las facturas de los asesores legales y financieros de CGB correspondiente al quinto mes de sus servicios. El estudio chileno Carey cobró US$ 41.812; RPA Asset Management Services facturó US$ 140.303; Young Conaway Stargatt & Taylor cobró US$ 52.520; y Simpson Thacher & Bartlet facturó una cuenta de US$ 531.838.
Los ojos de la CMF
Ante los dardos del comité en contra de Itaú Unibanco respecto del esquema de control sobre la propiedad de Itaú Corpbanca -que incluía eventuales órdenes a los directores del grupo Saieh para votar de una manera determinada en el directorio-, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) indicó que “los pactos de accionistas son acuerdos entre tales partes, que producen los efectos pertinentes a un acuerdo de voluntades. Ello no obsta al ejercicio de los derechos pertinentes por parte de todos los accionistas respecto de la sociedad”.
La CMF manifestó que ha estado supervisando el gobierno corporativo de Itaú Corpbanca y de sus directores “al amparo de las disposiciones legales pertinentes y sujeto a los deberes de reserva aplicables”.
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