$ 50 millones era la inversión mínima que solicitaba Rodríguez & Asociados
La empresa cobraba el 15% de las ganancias mensuales que se generaban. Afectados acusan que “todo evidenciaría un engaño”.
Siguen apareciendo detalles de cómo operaba Rodríguez & Asociados, la última firma asesora de inversiones que dejó de operar tras autodenunciarse ante el Ministerio Público.
Cerca de 20 clientes de la empresa ligada a los hermanos Carlos y Claudio Rodríguez Flores se querellaron por el delito de estafa en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
En el escrito que es patrocinado por el abogado Ángel Valencia se detalla que la inversión mínima requerida (salvo algunas excepciones) por la empresa era de $ 50 millones, dineros que no podían ser sacados en al menos un año. Además, por el pago de la asesoría se cobraría el 15% de las utilidades obtenidas de forma mensual.
Otra de las cosas que sostienen los afectados es que les enviaban a ellos cartolas y estados de cuenta de forma periódica.
Dado lo anterior es que los cliente se mostraron sorprendidos cuando se enteraron del cierre de Rodríguez & Asociados ya que, según consignan, los reportes “siempre mostraron salud financiera”.
Es “evidente” la estafa
Con todo, los querellantes acusan que “todo evidenciaría un engaño”, ya que para ellos la pérdida de clientes -lo que detonó el cierre de la empresa- podría dificultar el pago de gastos por parte de la entidad, “pero en nada podía influir ello si nuestros ahorros hubiesen sido invertidos en valores de terceros”. Asimismo, agregan que esas inversiones podrían verse mermadas por malos resultados de los instrumentos, “lo que nadie ha declarado” o porque, “en lugar de invertirlos, los querellados se apropiaron de ellos”.
En el escrito presentado ante el tribunal se añade que es “evidente” que los hermanos Rodríguez se habrían quedado -según los querellantes- con los dineros de los clientes, “a la luz de su estilo de vida, gastos e injustificadas explicaciones”.
“Los querellados se apropiaron de nuestros dineros destinándolos a otros fines distintos de los comprometidos; todo ello bajo la suscripción de contratos y realización de operaciones que no tenían otro propósito que dicha apropiación ilícita”, concluye la querella.
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