Por Felipe Brión
Al síndico de la quiebra de Curauma, César Millán, no lo dejó indiferente el requerimiento de Manuel Cruzat ante el Tribunal Constitucional, es por ello que se hizo parte del proceso, solicitando que no se suspenda la formalización en contra del empresario fijada para el 3 de noviembre en el Cuarto Juzgado de Garantía por los delitos de quiebra fraudulenta y falsedad vertidas en el proceso.
“Para el improbable caso de acoger a tramitación el requerimiento de autos, desestime la petición formulada por la contraria en orden a suspender el procedimiento en el que se ha promovido la cuestión de inaplicabilidad”, se dijo en el escrito presentado hace unos días por el abogado Gonzalo Alvarado.
Se justifica la petición señalando que el juez de garantía está dotado de facultades suficientes “para cautelar el ejercicio de los derechos esenciales del imputado, si es que éste no estuviera en condiciones de ejercerlos y si las medidas adoptadas no impiden una afectación substancial de los derechos del imputado, el juez podrá suspender el procedimiento e incluso decretar el sobreseimiento temporal”.
Además, indica que se formalizará a tres personas distintas, donde a una de ellas se le formalizará “por un delito que no dice relación con la Ley de Quiebras ni con la ley 20.720, por lo que no procede que se acceda a dicha solicitud, en los términos amplios en los que fue formulada”.
La respuesta de Cruzat
Por su parte de la defensa de Cruzat, liderada por la abogada Jesica Torres, al conocer la solicitud pidió al Tribunal Constitucional que se le deniegue esa calidad al solicitante al síndico César Millán, “atendida que carece de legitimación pasiva para actuar en este requerimiento de inaplicabilidad”.
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