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Publicado: Lunes 21 de octubre de 2013 a las 05:00 hrs.
La caja de compensación La Araucana se apresta a colocar su segundo bono corporativo en el mercado local, con la emisión de US$ 100,6 millones ($ 50.000 millones) en una línea a diez años plazo, en proceso de inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El monto total de la línea representa el 33,5% del patrimonio, el 13,2% de las colocaciones brutas y 9,2% de los activos de la compañía a junio de este año, estima la agencia Fitch Ratings.
Justamente, la clasificadora de riesgo asignó una nota de A(cl) a la emisión. “Las clasificaciones asignadas a La Araucana reflejan su franquicia consolidada en el negocio del crédito social, buena calidad de activos dado el mecanismo de cobro mediante descuento por planilla, moderado endeudamiento en relación a los riesgos asumidos, fondeo diversificado, buena liquidez y moderada rentabilidad”, estima Fitch.
En paralelo, Feller Rate clasificó en A la emisión.
“Las clasificaciones asignadas (...) se fundamentan en su buen perfil financiero, con elevados márgenes operacionales que absorben con holgura sus gastos de apoyo y por provisiones”, destacó Feller.
Los fondos recaudados se destinarán a refinanciar pasivos y sustentar el crecimiento de las colocaciones de La Araucana.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.