En enero de 2026 debutarán dos nuevos beneficios de la reforma de pensiones: el de años cotizados y la compensación a mujeres por mayores expectativas de vida.
El primero está dirigido a pensionados por vejez o invalidez en AFP o aseguradoras y corresponde a un aporte mensual extra de UF 0,1 por año cotizado, con un máximo de UF 2,5 mensuales, es decir, 25 años.
Entre los requisitos, las mujeres deberán acreditar un piso de al menos 120 meses cotizados y los hombres de 240.
En tanto, la compensación a mujeres por mayores expectativas de vida se paga desde los 65 años. El monto variará según la edad de retiro de la mujer, favoreciendo más a quienes se jubilaron más tarde.
“Estamos desarrollando un extenso ciclo de pruebas técnicas desde finales de septiembre, bajo un marco dado por la Superintendencia de Pensiones”, sostuvo el director nacional del IPS, Juan José Cárcamo.
El director nacional del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan José Cárcamo, señaló que el pago comenzará durante enero de 2026. “La entrega será automática para la gran mayoría de las personas que ya están pensionadas por vejez o invalidez y que cumplen los requisitos normativos, entre ellos tener 65 años al mes de enero y contar con el mínimo de cotizaciones requeridas”, detalló.
La autoridad adelantó a DF que se trabaja para que ambos beneficios se paguen “en la misma modalidad y fecha en que la persona recibe actualmente su pensión habitual o su PGU, ya sea por depósito en su cuenta bancaria o mediante pago presencial cuando corresponda”.
Coordinación con diversos actores
Detrás de la puesta en marcha de los nuevos beneficios previsionales hay un intenso trabajo público y privado.
La Superintendencia de Pensiones, liderada por Osvaldo Macías, ha jugado un rol clave en lo normativo y como articulador entre los múltiples actores involucrados.
Según fuentes que conocen el rol de la autoridad, destacaron la coordinación, reuniones constantes y visitas en terreno para supervisar in situ los avances con el fin de que se pueda pagar en tiempo y forma.
Por el sector privado, la gerenta general de la Asociación de AFP, Constanza Bollmann, explicó que la Superintendencia es la que define la normativa. “Para esto, convoca al Instituto de Previsión Social (IPS) y a las entidades pagadoras de pensión -AFP y compañías de seguros- a distintas mesas de trabajo que se reúnen semanalmente”, detalló.
En dichas instancias, se abordan, desde lo operativo, servicios, preparativos para los pagos del beneficio por años cotizados y de la compensación por diferencias de expectativa de vida para las mujeres.
Si bien, Bollmann recordó que el IPS concede y paga los beneficios, destacó que “las AFP han sido claves en la implementación de la reforma, preparando, presentando y entregando la información requerida para efectuar los pagos, siempre conforme a las instrucciones del regulador”.
Pruebas en el IPS
En el IPS, gran parte del proceso de implementación se ha desarrollado con equipos técnicos propios, y sumaron algunas nuevas incorporaciones. Para el total de las fases de puesta en marcha iniciadas hasta ahora, ha contratado 68 personas, principalmente en funciones técnicas del área operativa de beneficios.
Cárcamo detalló que se formó un equipo implementador con personas de distintas áreas y que “se ha desarrollado un proceso altamente técnico para garantizar la correcta entrega de los nuevos beneficios”.
Por ejemplo, el equipo informático es el responsable del desarrollo e integración de sistemas tecnológicos, algoritmos y reglas de negocio.
En tanto, el equipo de pagos trabaja en la habilitación de procesos para pagar a partir de enero. Y los canales de atención ChileAtiende del IPS -presenciales, remotos y digitales-, se han preparado para orientar a las personas.
“Estamos desarrollando un extenso ciclo de pruebas técnicas desde finales de septiembre, bajo un marco dado por la Superintendencia de Pensiones”, reveló Cárcamo.
El proceso ha considerado intercambio de datos entre el IPS y las AFP, compañías de seguros, Dipreca y Capredena, como también cruces y reprocesamientos para asegurar la calidad de la información, con reglas de negocio y casuísticas que influyen en la concesión, como períodos cotizados, edad al momento de jubilar, trayectoria previsional y conformación del grupo familiar, entre otras.
“Intervienen millones de datos administrativos, lo que ha exigido mecanismos informáticos robustos para asegurar el correcto procesamiento para la concesión de beneficios”, dijo.
Agregó que “a partir de las pruebas se está simulando parte de la concesión inicial que se ejecutará en diciembre, lo que nos está permitiendo validar que los sistemas determinen y calculen correctamente los beneficios para las personas”.
Actualmente, el IPS afina los últimos ajustes del proceso de pruebas con las entidades previsionales para considerar las diversas casuísticas de beneficiarios que se aplicarán para el otorgamiento y pago de beneficios.
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María Paz Infante
