Con una serie de plazos cruciales entrando en tierra derecha, enero de 2026 marcará el inicio del segundo año de implementación de la mayor reforma de pensiones desde la creación del sistema chileno, hace más de cuatro décadas.
En el marco de un proceso cuyo calendario comenzó a correr este año y que en total contempla unos 36 meses, 2026 estará determinado por factores que van desde el pago de nuevos beneficios hasta regulaciones trascendentales en materia de inversiones. Y todo esto, en el contexto de un cambio de Gobierno.
1 Pago de beneficios
Distintos actores ligados a la seguridad social trabajan con el pie en el acelerador de cara a enero de 2026, cuando se concrete la entrega de los dos nuevos beneficios que estableció la reforma previsional.
Se trata de la garantía de UF 0,1 por año cotizado (con un tope de UF 2,5) y la compensación a mujeres por mayores expectativas de vida, que, si bien serán pagadas por el Instituto de Previsión Social (IPS), implicará que una serie de actores públicos y privados intervenga para que los pagos se ejecuten en tiempo y forma.
2 Definición en el regulador
Una definición relevante que deberá tomar el Gobierno de José Antonio Kast será la continuidad del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien tiene un rol crucial en la implementación de la reforma.
En febrero, el histórico regulador cumplirá 10 años en el cargo y ello marcará un precedente inédito: lideró la institución en Bachelet II, Piñera II y Boric.
Así, el Presidente electo deberá decidir si opta por él y lo mantiene en su función o cambia de timón.
En todo caso, si determina removerlo, deberá hacerlo como parte de las denominadas “12 balas de plata”, debido a que el cargo de superintendente de Pensiones es seleccionado por Alta Dirección Pública (ADP).
3 Consejo de licitación
En paralelo, el Servicio Civil comenzó en septiembre pasado el proceso de búsqueda de los tres asesores del consejo de licitación del stock, uno de los mecanismos del nuevo modelo previsional que ha recibido fuertes críticas por parte de la industria.
El consejo será presidido por el superintendente de Pensiones y su función será asesorar al regulador en el diseño y desarrollo del proceso de subasta, además de evaluar su implementación.
De acuerdo con los plazos que estableció la reforma previsional, el primer nombramiento de los consejeros se debe realizar dentro de los 12 meses de la publicación de la ley, timing que se cumple en marzo de 2026.
Según la última actualización del Servicio Civil, la empresa de reclutamiento y selección inició la evaluación directiva de los 56 candidatos que pasaron a esa fase.
Cuando estén definidas las ternas serán propuestas por el consejo de Alta Dirección Pública (ADP) al ministro del Trabajo y Previsión Social, quien tomará la determinación de quiénes ocuparán los tres cupos sobre la base de los candidatos que fueron seleccionados.
Dado el cambio de Gobierno y que el plazo final es marzo, la interrogante que se abre es qué ministro lo determinará; si el actual titular de Trabajo, o quien asuma la cartera el 11 de marzo, quien más allá de esa decisión en particular, será una figura determinante para la puesta en marcha de la reforma.
4 Licitación de carteras del FAPP
Durante el primer trimestre de 2026 el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) dará inicio a la licitación para la administración de carteras de inversión.
La reforma previsional estableció a junio de 2026 como plazo máximo para que el FAPP adjudique dicha licitación a terceros privados.
El régimen de inversiones del fondo deberá ser dictado por la Superintendencia de Pensiones.
El FAPP lanzó una consulta pública no vinculante al mercado para recabar opiniones. Actualmente, la consulta está abierta y permanecerá disponible para comentarios hasta el 16 de enero.
5 Cotización con rentabilidad protegida
Tal como ocurrió en agosto de este año, en el octavo mes de 2026 entrará en vigor la segunda gradualidad para la cotización, sumando un 2% del aporte extra para las pensiones.
El componente más importante que entrará a partir de ese momento será el 0,9% que se destinará a la cotización con rentabilidad protegida, que contará con una garantía del Estado, lo que, en términos simples, se ha conocido como el “préstamo” de la reforma previsional.
La ley determinó que dicha cotización dará origen a un bono de seguridad previsional, de carácter “intransferible e inembargable”, con una tasa de mercado vigente para los bonos de Tesorería General de la República en UF.
En tanto, en septiembre -un mes después de que comience a enterarse este nuevo componente que creó la legislación-, se iniciará el pago del beneficio de cotización con rentabilidad protegida.
6 Alza de la PGU para el segundo tramo
También en septiembre de 2026, se pagará el aumento de la PGU a $ 250 mil para el segundo tramo etario de la gradualidad que estableció la reforma, es decir, personas de 75 años o más.
En septiembre de 2025 comenzó el primer aumento en adultos mayores de 82 años y más.
7 Nuevo régimen de inversión
Uno de los cambios de gran envergadura que trae la reforma es el tránsito desde los actuales multifondos a los fondos generacionales. Si bien el esquema cambiará en abril 2027, en septiembre de 2026 deberá estar publicado el régimen de inversión de los fondos generacionales, el que deberá contar con la luz verde del Consejo Técnico de Inversiones (CTI).
La Superintendencia contrató la consultoría -aunque no es vinculante- de Mercer. La firma entregará varios informes que serán clave para las nuevas reglas del juego, en un esquema que incluye el diseño de carteras de referencia y premios y castigos para las administradoras según desempeño.
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