El presidente del Banco Central, invitado a exponer a un cónclave de la industria financiera, planteó su inquietud en torno a lo que estima “altas tasas de los créditos de consumo” ofertados por la banca local.
No es primera vez que el instituto emisor hace una referencia a precios determinados por el mercado. Lo hizo en el verano, en una directa y criticada alusión a los activos bursátiles.
En esta oportunidad, todo indica que las razones evidentes que explican el nivel de tasas para un determinado producto bancario (competencia, riesgo, costos de distribución, etc.) no son suficientes para la máxima autoridad monetaria. Pero aunque el asunto pueda ser motivo de debate, tampoco parece razonable afirmar que ninguno de estos factores incide o explica los precios de los créditos de consumo.
Al enfocar la problemática en la perspectiva de la demanda, se pierden de vista elementos propios de un negocio que supone un mayor riesgo en el marco de una industria regulada y con organismos responsables, precisamente, del respeto a la institucionalidad.
Normativas, supervisiones o controles adicionales pueden ser discutidos y sugeridos por las distintas autoriades, pero dentro de un planteamiento integral y no de comentarios que, más allá de generar una duda razonable sobre las atribuciones de quien las efectúa, instala una interrogante frente a uno de los elementos clave de nuestro actual ordenamiento económico, como es la libre fijación de precios por parte de actores de negocios que respetan las disposiciones legales.