¿Puede Japón botar el agua radiactiva al mar así nada más?
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Renato García Jiménez
El mundo ha presenciado la magnitud del desastre en Japón con asombro y compasión. La crisis nuclear que siguió al terremoto y tsunami ha exigido a las autoridades japonesas hasta el límite, y las desesperadas circunstancias han obligado a tomar decisiones muchas veces complejas. A comienzos de semana, los equipos de emergencia que trabajan en la planta de Fukushima comenzaron a descargar 11.500 toneladas de agua radiactiva al mar, porque necesitaban liberar espacio para almacenar un flujo adicional, aún más contaminado. "No había opción", dijo el martes el secretario de gabinete en jefe, Yukio Edano. "Es lamentable".
Pero más allá de las muestras de simpatía, cabe preguntarse si la medida viola los tratados internacionales sobre el cuidado del mar y qué acciones podrían emprender otros países que se sientan afectados.
Desde 1972, la descarga de material contaminante al mar está cubierta por la denominada Convención de Londres, suscrita por 78 gobiernos, incluyendo el japonés. Este acuerdo, de hecho, considera específicamente el caso de desechos radiactivos, y contempla para ello la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). El problema es que el tratado sólo cubre las descargas desde barcos o aviones, porque supone que las descargas desde tierra recaen bajo la jurisdicción nacional. Aunque la legislación japonesa es muy estricta en términos de la contaminación de las aguas, en el caso de Fukushima el gobierno emitió una autorización especial tomando en consideración la gravedad de la crisis.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Takeaki Matsumoto, negó que el vertido de agua radiactiva caiga bajo la Convención de 1986, que obliga a las naciones a entregar a sus vecinos información oportuna sobre accidentes nucleares cuyos efectos se extiendan entre fronteras.
Sin embargo, el investigador de Greenpeace y académico de la Universidad de Exeter, David Santillo, dijo a la revista Time que la decisión puede ser considerada por los países firmantes de la Convención de Londres como una "violación de facto". Según una fuente de la cancillería de Corea del Sur que pidió reserva, Seúl expresó su molestia a Tokio por el incidente, aunque oficialmente sólo ha dicho que sus expertos están analizando el tema. Durante una cumbre celebrada en Kioto el 19 de marzo entre representantes de Japón, China y Corea, las autoridades niponas se comprometieron a mantener a sus vecinos actualizados, pero la misma fuente dijo a la agencia AFP que Japón no informó ni consultó sobre sus planes.