“Por David Gardner
El gobierno español, en medio de la crisis del euro, parece estar abriendo un segundo frente, al usar la crisis como justificación y cobertura política para revertir un sistema de gobiernos regionales que el gobernante Partido Popular detesta por ideología. El PP de centro derecha no quiere reducir el Estado, sino recentralizarlo.
El gobierno de Mariano Rajoy ha enrostrado su poder a los gobiernos regionales, varios de los cuales necesitan la ayuda de Madrid para pagar a sus funcionarios y refinanciar sus deudas.
“Somos parte de un Estado, pero nos tratan como sujetos, no como socios”, asegura Andreu Mas-Colell, jefe de finanzas del gobierno nacionalista de Cataluña, luego de una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que según él amenazó con imponer el control central a los gobiernos autonómicos que no cumplan los objetivos presupuestarios.
La apuesta es alta. La confrontación en ciernes entre el centro y las 17 regiones es más que una subtrama en la tragedia del euro. Si se maneja mal, podría socavar el acuerdo constitucional que llevó a España de la dictadura de Francisco Franco hacia una democracia, y avivar las demandas por independencia de vascos y catalanes que los gobiernos regionales debían evitar.
“Hemos construido los pilares de este nuevo sistema por treinta años”, afirma el socialista Carlos Aguirre, el jefe de Economía gobierno vasco. “Antes estaba bien cambiar el techo pero nadie se atrevía a tocar las bases. Ahora el temor es que todos quieran revisarlas”.
“Cualquier involución generará una resistencia radical”, admite un alto funcionario del PP.
Sin embargo, su diseño tuvo errores desde el comienzo. En medio de las demandas históricas de vascos y catalanes, el compromiso de la Constitución de 1978 fue ofrecer posibilidades similares de autogobierno a todos. Muchas regiones se encontraron con gobiernos que nunca pidieron, y que se convirtieron en feudos de caciques locales y vehículos de clientelismo partidario. La irresponsabilidad financiera de algunas regiones, expuesta por la presente crisis, ha llevado a algunos a concluir que las transferencias a las regiones son un lujo.
“La idea de recentralización no es posible en Cataluña”, afirma un ex asesor de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español hasta 2011. “La soberanía es discutida fuertemente y si hay algo que puede hacer que se haga realidad sería un intento de exigir la devolución de facultades”.
El debate sobre las transferencias es complicado. Muchas veces se omite el costo y la inadecuada base tributaria para pagar desde los servicios públicos hasta la educación. Los ingresos de los impuestos a la propiedad eran enormes durante el boom de la construcción anterior a la crisis, y muchas regiones (como el gobierno central) se volvieron dependientes de ellos. Esta dependencia se hizo estructural luego que los gobiernos del PP de José María Aznar y Zapatero recortaran los gravámenes a los ingresos.
Ahora, en medio de una escasez presupuestaria, todas las regiones dependen del financiamiento central, excepto el País Vasco y la adyacente provincia de Navarra.
Montoro ha dejado claro que los gobiernos que pidan ayuda deben aceptar el tipo de condiciones que la UE impuso a Grecia y Portugal. Incluso se ha escuchado al ministro bromear acerca del envío de los “hombres de negro” desde Madrid para administrar los gobiernos regionales.
“El gobierno cree que puede hacer con nosotros lo que la UE está haciendo con los gobiernos centrales”, afirma Mas-Colell. Heribert Padrol, asesor del líder regional de Cataluña Artur Mas, dice: “Tienen una agenda para recentralizar y replicar el mecanismo de la UE a nivel interno da una especie de legitimidad”.
Aunque nadie discute que hay costosas superposiciones en el modelo de transferencias, el gobierno muestra escasas señales de diferenciar la calidad del gasto. Todos los partidos son culpables de clientelismo, especialmente el PP, que manda en 11 gobiernos regionales que deben la mitad de la deuda autonómica de 140.000 millones de euros.
Un caso ejemplar es Valencia, de dominio cacical y escándalos de corrupción. No es casual que el banco regional valenciano sea el corazón de Bankia, la entidad nacionalizada por la crisis bancaria. Valencia fue un ejemplo de bancos regionales inflando la burbuja inmobiliaria y tiene 23% de las 800.000 viviendas nuevas sin vender del país.
Aunque los vascos usualmente han sido la principal amenaza a la unidad de España, es en Cataluña donde el debate por soberanía se ha vuelto radical. Entre otros el gobierno catalán quiere poder recaudar sus impuestos, como los vascos, una oportunidad que rechazó hace treinta años.
“Han comprendido que es una herramienta vital. Gracias a ella fuimos capaces de reconstruir nuestra economía y un autogobierno”, afirma Iñigo Urkullu, presidente del Partido Nacionalista Vasco.
La economía vasca es industrialmente diversificada y orientada a la exportación, apoyada por bancos y gasto en investigación y desarrollo. Con autonomía fiscal, el gobierno ha mantenido su deuda y déficit de presupuesto bajo control.
Cataluña, en cambio, con una economía del tamaño de Portugal, tiene la mayor deuda entre las regiones: 41.800 millones de euros, de los cuales 13.500 millones de euros vencen este año. Funcionarios y economistas catalanes afirman que serían solventes si no tuvieran que transferir todos los años 18.000 millones de euros, un 9% del PIB, a Madrid.
“No puede ser que seamos la quinta región por ingreso per cápita pero la novena por reparto” afirma Padrol. Subraya que el clamor independentista ha pasado desde los márgenes políticos “a la gente que usa corbatas” porque “o controlas tus recursos o mueres como país”.
“Las decisiones deben tomarse aquí, no en Berlín”, señala la candidata a jefa de gobierno del País Vasco, Laura Mintegi. Aunque “si el PP intenta revertir las transferencias, podría ser positivo para nosotros. A veces digo en broma que no debemos salir (de España); ellos tendrán que abandonarnos a nosotros”.
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