El Juzgado de Garantía de Coronel acogió la solicitud del Ministerio Público para ampliar en 60 días el plazo de nuevas investigaciones vinculadas al caso de corrupción y cohecho en Puerto Coronel. La extensión de las indagatorias permitirán a la Brigada de Delitos Económico (Bridec) de la PDI realizar peritajes para esclarecer el vínculo entre eventuales pagos a funcionarios de la Dirección de Obras Municipales y la obtención de permisos de edificación al interior del terminal portuario.
La fiscal de la causa, Glenda Lagos, justificó la extensión ante la necesidad de profundizar en las diligencias contables a cargo del Laboratorio de Criminalística (Lacrim). El objetivo, según detalla Radio El Carbón de Lota, es verificar la trazabilidad de facturas pagadas desde la portuaria a empresas vinculadas al exconcejal Eduardo Araya, pero, sobre todo, indagar una nueva arista que apunta a la estructura técnica del municipio.
Sujetos de interés
El foco de las pesquisas se ha ampliado hacia funcionarios que habrían intervenido directamente en la concesión de permisos y recepción de obras para la empresa. Según el ente persecutor, se han detectado irregularidades en el Departamento de Paisajismo y Urbanismo.
Bajo esta nueva línea investigativa, la Fiscalía identificó como nuevos sujetos de interés a Luis Cortés Aguayo, director de Obras Municipales; Milén Oyarzún Salvo, jefa de Edificación (y directora subrogante); además de los arquitectos revisores Rodrigo Neira y Daniela Cifuentes.
La estrategia de la Fiscalía apunta a levantar el secreto bancario o analizar los flujos de dinero de estos funcionarios públicos, buscando correlaciones entre sus movimientos financieros y las fechas en que la compañía obtuvo permisos de edificación clave para su operación.
Modificaciones en cautelares
En paralelo, el Tribunal resolvió solicitudes respecto a la situación procesal de Eduardo Hartwig, fundador de Puerto Coronel, quien está formalizado por soborno y delitos tributarios, para que cumpla la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno en su propiedad en Panguipulli, Región de Los Ríos, replicando el permiso otorgado en el verano anterior.
En tanto, Hernán Romero, empresario y excontratista de la firma, imputado por administración desleal, logró el levantamiento temporal de su arraigo nacional tras el pago de una caución de $3 millones, lo que le permitirá realizar un viaje familiar a Brasil.
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