Con preocupación recibió Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) de Biobío, la noticia de la Subsecretaría de Pesca emitió un dictamen favorable a la demanda de comunidades indígenas de un espacio costero de 44 mil hectáreas entre las regiones de La Araucanía y el Biobío, argumentando que la medida plantea un freno al desarrollo productivo del sector, particularmente la industria pesquera.
“La reciente aprobación del Espacio Costero Marino Bi-Regional despierta una profunda preocupación en el sector pesquero del Biobío —desde la pesca artesanal y las PYME hasta la industria—, pues amenaza con afectar directamente el desarrollo productivo que constituye el ADN de nuestra región”, señaló en dirigente gremial, en declaraciones preparadas para DF Regiones. “No se trata de cuestionar el derecho de las comunidades indígenas a solicitar estos espacios, sino de advertir que una decisión de tal magnitud —que involucra áreas estratégicas para la actividad pesquera, acuícola y logística— se haya definido por una omisión administrativa y no mediante un debate transparente y con quórum suficiente”.
Ananías aludió así al hecho de que la subsecretaría dio por emitido un pronunciamiento favorable de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc) de La Araucanía respecto de la solicitud luego de que en la instancia del 7 de noviembre no se lograra el quórum necesario para votar, ya que la ley establece que si la comisión no se pronuncia dentro del plazo de un mes se entiende emitido un pronunciamiento favorable.
“Desde el gremio observamos con inquietud que este precedente erosiona la certeza jurídica, un pilar indispensable para la inversión y el desarrollo productivo. Cuando los procesos regulatorios se resuelven por falta de pronunciamiento, se instala un escenario de inseguridad que desincentiva proyectos de largo plazo, especialmente en sectores que requieren estabilidad normativa y coordinación interregional”.
Según el representante empresarial, la conexión bi-regional entre Biobío y La Araucanía se ve directamente impactada por la decisión, y subraya que la definición de usos del borde costero no solo involucra a las comunidades solicitantes, sino también a empresas, trabajadores y cadenas de valor que dependen de un marco claro y consensuado.
“Como CPC Biobío, hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades competentes a revisar la legitimidad de este proceso y a fortalecer los mecanismos de deliberación y participación, evitando que decisiones estratégicas se adopten por defecto. Chile necesita reglas claras, diálogo efectivo y procesos institucionales robustos para compatibilizar legítimos derechos con la estabilidad que demanda la inversión productiva”.
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