Cinco mil toneladas de jurel se pierden al año por robos en altamar. La cifra, entregada por Pescadores Industriales del Biobío, habla de un delito que ha ido en aumento y que afecta gravemente la seguridad de las tripulaciones y transportistas durante la faena, con pérdidas estimadas en $ 1.500 millones anuales.
De acuerdo a los datos del gremio, ocho de cada 10 embarcaciones son asaltadas por grupos organizados y que en su actuar, evidenciarían componentes de asociación ilícita. En este sentido, el abogado de Pescadores Industriales del Biobío, Francisco García, comentó que “para nosotros es muy importante combatir esto desde la lógica de que existe una estructura criminal detrás. Sostenemos que se trata de grupos organizados y que realizan esta actividad delictual permanentemente en el tiempo, con jerarquía, recursos y que nos permite estar, en definitiva, en frente de una asociación ilícita”.
A esta realidad también se suma el robo o asalto a camiones que transportan la carga. La estimación que hace Pescadores Industriales del Biobío es que anualmente hay una merma de 5 mil toneladas, que afectan directamente la producción regional. Cabe recordar que la Región del Biobío concentra aproximadamente 90% de las capturas nacionales de jurel y destina cerca del 80% de ellas a la producción de alimentos.
Actualmente, el Código Penal chileno no tipifica la sustracción de pescado como un delito en sí mismo, por lo que las investigaciones han logrado la prisión preventiva de 18 imputados por delitos asociados como robo con intimidación, hurto y malversación.
Estrategia intersectorial
Tanto empresarios como el mismo gremio industrial han tomado acciones tendientes a proteger a sus trabajadores y resguardar la captura; sin embargo, manifiestan que las medidas no son suficientes para combatir la amenaza de los llamados “gatos”.
Pescadores Industriales del Biobío busca que se replique la acción coordinada público-privada que se implementó exitosamente para abordar el robo de salmón. Una estrategia que requiere de un trabajo coordinado y multisectorial que permita efectivamente, desmontar la cadena delictual que tiene mayor ocurrencia en comunas como Coronel, Lota y Talcahuano.
Para el abogado del gremio, es relevante que la institucionalidad se haga cargo del desafío de investigar el hilo conductor detrás de estos hechos, pues no sólo se enfrenta el robo de jurel, sino su transporte y posterior comercialización ilegal en ferias libres u otros puntos, poniendo además en riesgo la salud de los consumidores.
Por tratarse de canales ilegales de venta, aún no existe una cifra clara de respecto al impacto en el comercio establecido; sin embargo, Pescadores Industriales del Biobío trabaja en la estimación de los porcentajes de evasión tributaria asociada al mercado negro del jurel, sin origen legal que llega a ferias libres y terminales pesqueros locales.
“Existe un desafío, tanto para el Ministerio Público, para las policías y para la Gobernación Marítima, así como también para el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Salud, de atacar este problema desde distintos puntos de vista, en las distintas esferas que le corresponde a cada uno. Estamos confiados que se puede enfrentar este tipo de delitos, que se pueden resolver y que las personas que sean detenidas puedan enfrentar la justicia”, agregó García.
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