24.500 toneladas es la cifra estimada de extracción ilegal de merluza, equivalente a 70% de la cuota biológica total autorizada.
Un negocio informal de US$ 65 millones estrangula a una de las pesquerías más relevantes del país y evade millonarios impuestos. El Comité Científico Técnico de Recursos Demersales Zona Centro–Sur estima que la extracción ilegal de merluza común alcanza 24.500 toneladas anuales, equivalentes al 70% de la cuota biológica total autorizada de 35 mil toneladas. La evasión se calcula en más de US$ 12 millones anuales solo por IVA, sin contar el Impuesto a la Renta eludido por intermediarios y comercializadores.
La llamada “merluza negra” no solo implica pérdidas fiscales, también desvía la responsabilidad por la sobreexplotación a la industria formal y genera riesgos por fallas en la cadena de frío.
“A nosotros nos prohibieron la pesca de la jibia sin ninguna razón técnica, económica ni científica. En la merluza común nos redujeron el límite de captura en 20%. Algunos siguen acusando a la industria de sobreexplotar, cuando la verdadera causa es la pesca clandestina”, comentó a DF el gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne.
Marcel Moenne, gerente general de PacificBlu: “Algunos siguen acusando a la industria de sobreexplotar, cuando la verdadera causa del problema es la pesca clandestina”.
Doble castigo
Su caso ilustra el impacto de las restricciones regulatorias en la industria del Biobío. La Ley N° 21.134 (Ley de la Jibia), que limitó la captura a métodos artesanales, provocó cierre de plantas, la inmovilización de un tercio de su flota y el despido de 376 trabajadores. La compañía perdió la mitad de sus capturas y ventas en dólares.
Otro golpe fue la Ley de Fraccionamiento Pesquero. Con el fin de redistribuir cuota industrial al sector artesanal, la propuesta inicial de la comisión mixta del Congreso otorgaba un porcentaje que PacificBlu consideró insostenible: el recorte equivalía a dos meses de paralización de la planta de Talcahuano. Tras intensas negociaciones entre el Ejecutivo y la comisión mixta se acordó una cuota base de 55% para la industria y 45% para los artesanales, y la empresa decidió suspender el cierre previsto para enero.
Hoy opera con dos buques en lugar de tres, redujo los turnos en su planta procesadora de tres a uno y agregó valor a su producción, destinada a consumo humano. Mantiene 800 empleos y ventas por US$ 50 millones anuales.
Moenne valoró lo aprobado, porque ofrece continuidad a la compañía, pero recordó que el sector sigue “en constante asedio legislativo”. Si se eliminara la pesca ilegal y se certificaran todos los desembarques, dijo, el sector artesanal “habría cuadruplicado sus ingresos”.
La presidenta de los Industriales Pesqueros, Macarena Cepeda, sumó al diagnóstico el robo de jurel desde embarcaciones y camiones. “El pescado robado o capturado de forma ilegal es comercializado sin ningún tipo de control sanitario, fuera de toda norma o trazabilidad”, explicó. Por ello, pidió mayor fiscalización y persecución por parte del Estado. “Nos hubiese gustado que el foco del Gobierno hubiese estado en estos temas”, dijo.
Rol fiscalizador
Sernapesca informó a DF que se encuentra aplicando nuevas herramientas para desalentar estas prácticas. La autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la normativa dijo que en lo que va de 2025, ha incautado 314 toneladas de recursos (sardina, anchoveta, jurel y merluza) en Biobío, y cursado 50 citaciones a tribunales.
Pero la entidad destaca la necesidad de conciencia de la población. “Mientras haya un mercado de pesca ilegal seguirá persistiendo el daño a los recursos y a las economías que dependen de la pesca y acuicultura”, dijo la directora nacional, Soledad Tapia. Para ello, Sernapesca cuenta con campañas informativas de vedas y certifica locales con “sello azul” para distinguir a quienes cumplen la ley. Además, están implementando un etiquetado con código QR para conocer el origen del producto.
Freno a la inversión
Cepeda detalló el impacto de la situación actual: “Desde hace dos años nos encontramos en un escenario de incertidumbre y parálisis, frenando todo tipo de inversión, que solo en el Biobío se calcula podría superar los US$ 100 millones”. La dirigente calificó la situación como un “verdadero terremoto” para la región, que enfrenta alto desempleo tras el cierre de Huachipato.
El problema de fondo, afirmó, radica en la inestabilidad de los permisos, ya que se aprobó bajar de 20 a 10 años las Licencias Transables de Pesca. Considerando el alto financiamiento que demanda la flota, “es inviable gatillar inversiones con permisos solo por 10 años”.
Desde la gerencia general de la pesquera Blumar, Gerardo Balbontín, agregó que existe “profundo desconocimiento” gubernamental de la industria y criticó el enfoque regulatorio. “Es curioso que tengamos un despliegue intenso de iniciativas que atentan contra la pesca industrial, pero que no apuntan a eliminar la pesca ilegal, que representa una seria amenaza para la sostenibilidad de los recursos marinos”.
Para la industria pesquera de Biobío el diagnóstico es unánime: la extracción ilícita es un flagelo fiscal, sanitario, social y de sostenibilidad, y exige una intervención estatal urgente y un cambio de foco legislativo.
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