La Municipalidad de Chiguayante y la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb) evalúan presentar una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental tras la decisión del Consejo de Ministros de invalidar los seis recursos presentados contra el proyecto de transmisión eléctrica Mataquito. La medida se basa en la defensa del territorio del trazado y el impacto ambiental que tendrá su operación.
El 27 de julio, el Comité de Ministros definió dar continuidad al proyecto “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui” o Mataquito, que obtuvo Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en 2025 e involucra 20 comunas de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío, con sus respectivas comunidades. A juicio de los municipios involucrados, la medida no consideró los eventuales riesgos técnicos y afectación en los territorios.
El proyecto, cuyo titular es Mataquito Transmisora de Energía S.A. forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), del Ministerio de Energía y considera la línea de transmisión eléctrica Itahue-Hualqui de tres ramales de alto voltaje, además de subestaciones. Su puesta en marcha se traduce en una inversión superior a los US$ 324 millones.
Biodiversidad
Desde la Amrbb han manifestado que una de las principales preocupaciones es que el trazado ingresa 500 metros en la zona de protección que limita con el Parque Nacional Nonguén, afectando de lleno la biodiversidad y el ecosistema del bosque caducifolio de Concepción, además de “dificultar el combate de incendios forestales, ya que las torres pueden entorpecer las labores aéreas y la falta de una consideración adecuada de las observaciones de las comunas afectadas durante la tramitación”.
El tendido también impactaría barrios habitados generando un perjuicio económico por la desvalorización de propiedades cercanas a las torres. En conversación con DF Regiones en diciembre de 2025, tras la aprobación del proyecto, el alcalde de Hualqui y presidente de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén, Ricardo Fuentes, explicó que "la servidumbre permanente requerida por el tendido eléctrico menoscaba de manera directa la plusvalía de los terrenos particulares".
En esta materia, existen además reparos, pues según declaró el alcalde Fuentes en esa misma ocasión, la empresa titular asigna un pago de sólo $ 450 por metro cuadrado a perpetuidad a los propietarios afectados. Según el edil, esta medida compensatoria es insuficiente, ya que “la baja tasación contrasta drásticamente con los ingresos constantes y a largo plazo que recibirá la transnacional a cargo de la iniciativa”.
"Decisión política"
Las autoridades locales denuncian que el visto bueno del Consejo de Ministros obedeció a una "decisión política" basada en conjeturas. Acusan que esta determinación desechó informes técnicos de organismos como Conaf, donde se advierten complicaciones estructurales y ambientales en el trazado.
Argumentan que durante los procesos de Participación Ciudadana (PAC), los municipios propusieron modificar los límites del proyecto, dando como alternativa que “el tendido eléctrico se emplace junto a la línea férrea existente para evitar sectores de alto valor ecológico, opción que fue descartada por el titular”, pues las observaciones resultantes no habrían sido incorporadas, manteniendo la propuesta inicial.
Pese a que reconocen la realización de esta instancia, declararon que “más allá de un par de reuniones aisladas, no ha existido una mesa de diálogo o negociación bilateral directa y sostenida con Mataquito Transmisora de Energía S.A.” Pese a esto, insistieron en que “mantiene plena disposición a establecer un diálogo técnico serio, siempre que la empresa demuestre una voluntad real de reconsiderar el trazado”.
Actualmente, las agrupaciones municipales esperan la emisión y notificación de la Resolución Exenta que formalice el acuerdo del Comité de Ministros. Una vez concretado este paso, se abrirá un plazo legal de 30 días hábiles en el cual evaluarán presentar una reclamación formal ante el Segundo Tribunal Ambiental. De no obtener resultados favorables en esa instancia, las autoridades advirtieron que no descartan recurrir a todas las vías legales disponibles, incluyendo presentaciones ante la Contraloría General de la República.
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