La Municipalidad de San Felipe enfrenta una compleja encrucijada financiera y operativa luego de que se revelara una deuda acumulada que supera los $ 243 millones con la empresa Chilquinta, situación que amenaza con dejar sin suministro eléctrico a gran parte de infraestructuras clave para la seguridad y funcionamiento de la comuna.
El conflicto quedó expuesto tras la filtración de una carta oficial enviada por la empresa a la alcaldesa Carmen Castillo, fechada el 16 de enero de 2026. En la misiva, se notificó que, de no regularizarse el pasivo, se verán en la “necesidad de concretar acciones de suspensión del suministro para 43 suministros”.
El desglose del pasivo
De acuerdo con los antecedentes contables revelados, el monto global de la deuda se estructura en dos tramos críticos: $ 141,8 millones correspondientes a facturas ya vencidas, a los que se suman $ 92,8 millones, que se encuentran en condición de suspensión de suministro, cifra que sigue devengando intereses y aumentando el déficit.
La fecha límite original para regularizar la deuda vencida, según el documento, era el 23 de enero de 2026, plazo que ya expiró, dejando al municipio en una posición de extrema vulnerabilidad operativa.
Impacto en seguridad y gobernanza
La posibilidad de un corte masivo ha encendido las alarmas no solo por “el apagón” administrativo, sino por su impacto directo en la seguridad pública. Entre los 43 puntos en riesgos, se encuentran sistemas de alumbrado público y las cámaras de televigilancia, activos críticos en una comuna que ha enfrentado recientes problemas de delincuencia.
Además, el corte afectaría a dependencias de la Corporación Municipal de Educación, establecimientos educacionales y oficinas de atención pública.
El escenario político dentro de la comuna se ha tensionado rápidamente; concejales, como Ronald Cruz, denunciaron que la administración ocultó la gravedad del problema al Concejo Municipal, enterándose de la millonaria deuda a través de la prensa y redes sociales. Ante esto, Cruz advirtió que evalúan presentar un recurso ante el Tribunal Electoral Regional (TER) por notable abandono de deberes.
Este episodio se suma a cuestionamientos previos hacia la administración de Castillo por el déficit financiero en el Departamento de Educación Municipal, configurando un patrón de problemas de gestión de flujos de caja y control de gastos.
Gestión de crisis
Pese a la advertencia, Chilquinta manifestó en su carta la "disposición a entregar mayores antecedentes y coordinar instancias de diálogo". Por su parte, el concejal Basilio Muena matizó la responsabilidad política señalando que, si bien es una problemática de arrastre, requiere solución urgente.
Desde el municipio indican que se están analizando "alternativas administrativas y financieras" para evitar el corte, aunque hasta el cierre de esta nota no se ha confirmado el pago de los montos exigidos para evitar la desconexión.
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