En una jornada decisiva para el futuro administrativo de la zona insular del país, la comunidad de Rapa Nui rechazó por una amplia mayoría la propuesta del Gobierno que buscaba dotar a la isla de un nuevo estatus de gobierno autónomo.
Según los resultados entregados por la comunidad Honui (que agrupa a cerca de 32 familias del territorio), el rechazo a la iniciativa fue categórico. De los participantes en la consulta indígena realizada el domingo, 955 personas (equivalente al 89,3%) votaron por la opción "Ina" (No), mientras que solo 114 (10,7%) respaldaron la propuesta del Ejecutivo.
El proyecto fallido
La iniciativa, impulsada como una de las promesas de la actual administración para “saldar una deuda histórica”, proponía cambios estructurales profundos en la relación entre el continente y la isla
El proyecto de ley buscaba operativizar el artículo 126 bis de la Constitución, estableciendo un Estatuto Especial de Gobierno y Administración, que en términos prácticos y económicos implicaba separar la Isla de Pascua de la Región de Valparaíso.
Esta desvinculación administrativa daría paso a una nueva institucionalidad a través de la creación de un Gobierno de Territorio Especial (GTE), dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual contaría con autonomía presupuestaria y recibiría progresivamente atribuciones en materias claves como planificación territorial, tierras indígenas y medio ambiente.
"No queremos independencia, no somos locos"
El resultado ha sido interpretado por los líderes locales no como un rechazo a tener mayor control sobre sus asuntos, sino como una objeción al diseño institucional propuesta por La Moneda, el cual consideraron desconectado de las demandas reales sobre la propiedad de la tierra.
El exalcalde de Rapa Nui, Jorge Edmunds, fue enfático en despejar dudas sobre el compromiso de la isla con la soberanía nacional, desmarcándose de cualquier intensión separatista.
"No queremos independencia, no somos locos. Queremos seguir siendo chilenos. Somos chilenos, amamos a Chile y, si hay que defender la República, la defenderemos, pero con respeto hacia nosotros como pueblos originarios", señaló Edmunds en The Clinic.
Para la exautoridad, el proyecto respondía más a una necesidad del Gobierno de mostrar gestión que a una solución efectiva: "Este gobierno de turno ha querido tener un checklist en su gestión, sacarse una foto diciendo ‘aquí cumplí’, empujando a que aceptemos una propuesta que nos están imponiendo", criticó.
Señal política al Ejecutivo
Desde la comunidad Honui, emitieron un comunicado calificando el resultado como una “señal política equivocada”. Argumentaron que la autodeterminación implica definir su propio estatus político y modelo de desarrollo “sin presiones ni diseños institucionales que no emanen de un consenso real”.
El rechazo apunta a la insuficiencia de garantías y a la ausencia de un enfoque que la comunidad considere verdaderamente descolonizador. Lo que se solicita, es un diálogo que parta del reconocimiento de propiedad del territorio (basado en el Acuerdo de Voluntades de 1888) para luego trabajar una fórmula administrativa dentro del Estado de Chile.
Este revés para el Gobierno se suma a la reciente polémica diplomática de enero de 2026, que concluyó con la salida de la embajadora Manahi Pakarati tras sus declaraciones sobre la libre determinación, evidenciando la complejidad de la relación entre el Estado y el territorio insular en la recta final del mandato presidencial.
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