Los principales bonos soberanos argentinos se hundieron más de 3% y el Merval -principal índice accionarios- se desbarrancó 3,49%, apenas un día después que la administración de Cristina Fernández de Kirchner amenazara con no acatar el fallo dispuesto por una corte neoyorquina a favor de los tenedores de deuda incumplida.
Y el riesgo país argentino según el EMBI+ de JPMorgan -que mide el diferencial entre los bonos locales y sus comparables de Estados Unidos- subía 80 puntos a 1.194, superando a Venezuela, que asomaba como el segundo país más riesgoso en el indicador con 728 unidades.
En tanto, el costo de asegurar la deuda argentina con vencimiento en cinco años contra un incumplimiento (CDS) se disparó en Londres hasta los 2.795 puntos base frente a 2.147,23 de la víspera, según Bloomberg.
Los inversionistas temen que si la justicia obliga a Argentina a pagar los US$ 1.300 millones que reclaman sus tenedores de deuda en cesación de pagos, la corte deberá embargar los fondos que el país envía a Nueva York para abonar a los tenedores de deuda reestructurada y así cumplir la sentencia.
La presidenta argentina ha dicho en varias ocasiones que jamás abonará la deuda incumplida en manos de fondos que ha calificado como “buitres”. Estos últimos se han negado a participar de dos canjes de deuda en cesación de pago que llevó adelante el país sudamericano en 2005 y 2010 y en la cual consiguió reestructurar el 93% de sus obligaciones en “default”.
La audiencia del miércoles
Este nuevo capítulo de incertidumbre se generó luego de la audiencia celebrada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York el miércoles, la que achicó las opciones legales que le quedan a Argentina en su batalla contra los fondos buitre. Los jueces denegaron la petición de la admnistración “K” de que la sentencia que había dispuesto el pago a los fondos buitres sea revisada por el plenario de la cámara (“en banc”), con lo cual si dicho fallo llega a ser ratificado, la única posibilidad que queda en pie es presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
Con esta decisión, se cerró la puerta que hubiera permitido revisar el criterio de ‘pari passu’ que aplicó el tribunal en contra de Argentina, por el cual el país quedaba obligado a pagar de la misma forma a demandantes y bonistas que habían aceptado los canjes de deuda del 2005 y 2010. Así lo informaron a El Cronista dos fuentes que presenciaron la audiencia, quienes de todos modos reconocieron que esa probabilidad era de por sí baja.
El eje de la presentación argentina fue la ratificación de que no cumplirá con una sentencia que obligue a pagar el 100% de la sentencia a los holdouts que reclaman millones y que su última oferta es efectuar un pago en los términos del último canje.
El abogado Jonathan Blackman, letrado de Cleary Gottlieb que representó al país, fue terminante: “No obedeceríamos voluntariamente una orden así”, dijo. Aludía a la sentencia del juez Thomas Griesa, que obligó a depositar el 100% del reclamo en una cuenta de garantía y dispuso embargar los pagos regulares si no se cumplía. Argentina, remarcó el letrado, quiere encontrar una solución que sea “factible y que no cree una confrontación terrible”.
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