La ausencia de ofertas en su primera licitación de su Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) –que crea un seguro adicional a la cotización de salud del 7%, con una prima plana por persona beneficiaria, tenga o no preexistencias, y acceso a prestadores privados en red-, dejó a Fonasa con la compleja tarea de convocar nuevamente a las compañías de seguros en un plazo de tres meses.
Y mientras el gremio que agrupa a esa industria formuló los ejes indispensables para hacer viable este mecanismo –masividad, cantidad mínima de asegurados conocidos desde el inicio y una red de prestadores atractivas- entre los expertos impera el escepticismo respecto de la viabilidad de revertir el escenario en una nueva licitación.
“Esta idea era muy buena, pero no con este diseño que fracasó, y va a volver a fracasar, si no somos capaces de cambiar el marco legal del sistema”, indicó el académico del Instituto de Salud Pública UNAB y exsuperintendente de salud, Manuel Inostroza.
Sin un cambio legal sustantivo, ya no en las bases de licitación, sino en su diseño original como un seguro de tipo voluntario -sin ningún incentivo para que hubiera un número importante de afiliados- y sin preexistencia, le asigno muy bajas posibilidades.
El experto siguió al detalle el proceso que fue dando forma a la MCC en el marco de la discusión de la ley corta de isapres en el Congreso. “Desde el inicio, yo fui bien crítico de la ley corta porque pensaba, junto a varios otros, que era la oportunidad para hacer una reforma estructural a las isapres, con un plan único y un fondo de compensación de riesgo con la eliminación definitiva de preexistencias y las tablas de factores. Una posibilidad que el Gobierno desestimó haciendo un acuerdo financiero de cortísimo plazo jugándose por la MCC como moneda de cambio”, recapituló en su aproximación a esta iniciativa que incluyó su participación como experto en el proceso de discusión que se realizó bajo el alero de la Comisión de Salud del Senado.
Posteriormente, elaboró análisis a fondo de ese proyecto enfocados en temas como la fórmula financiera del sistema, ámbito en el que cuestionó un conjunto de factores como los precios de la MCC estimados por Fonasa.
“En nuestros cálculos, el costo del seguro no eran los $ 30 mil que decía el director de Fonasa, sino que estaba en torno a $ 50 mil hacia arriba. Y de cara a la licitación -con una banda hasta $ 45 mil que dejaba a cualquiera por sobre ese valor automáticamente fuera de la licitación-, probablemente a muchas compañías les dieron magnitudes mucho más caras por condiciones de borde regulatorio”, explicó Inostroza al analizar parte de las razones del fracaso en la atracción de compañías de seguros en el primer proceso realizado el mes pasado.
-Desde el punto de vista del diseño de política pública ¿qué errores se cometieron en la implementación de la MCC?
-En vez de una reforma estructural de las isapres, se hizo una solución de ley corta que finalmente resultó fallida tanto por su diseño original, como por el hecho que esto no fue corregido posteriormente por las bases de licitación, que a través de una serie de cuestiones –como altas tasas de multa- incluso elevaron más el riesgo y empeoraron el escenario.
- Finalmente, ¿qué posibilidad tiene la MCC de llegar a concretarse?
- Le asigno muy bajas posibilidades sin un cambio legal sustantivo, ya no en las bases de licitación, sino en el diseño original como un seguro de tipo voluntario -sin ningún incentivo para que hubiera un número importante de afiliados- y sin preexistencia elevando el riesgo y los costos.
- ¿Cuál es el punto indispensable para asegurar la viabilidad de este nuevo sistema de aseguramiento de salud?
-Es buscar alguna fórmula que permita elevar el número de personas que pudiesen tener incentivos a contratar el seguro. Porque la voluntariedad, reflejada en la lógica del costo alto que tiene un plan sin preexistencia, probablemente va a ser mucho más caro.
-¿Ve algún margen para que Fonasa logre llevar adelante una segunda licitación?
-Si hay que recurrir a un cambio de la ley corta para hacer viable la idea de la MCC, realizar una modificación legal faltando siete meses para el término del actual Gobierno es prácticamente imposible. Además, si esta licitación se levanta en septiembre y se resuelve en diciembre, y se dan los cuatro meses de implementación que piden algunas compañías, ya estamos en mayo-junio en un próximo Gobierno. Eso implica un riesgo regulatorio si es de signo político distinto, o no crea en este modelo y pueda paralizarlo o cambiar las reglas de implementación.
-¿Qué posibilidad tiene Fonasa de sortear estos límites?
-En este marco, la posibilidad de éxito de esta segunda licitación de la MCC es muy baja, y que pueda resultar fracasada es prácticamente una nueva crónica de una muerte anunciada.
-¿Qué responsabilidad en el fallido primer intento asigna a la gestión de Fonasa encabezada por su director Camilo Cid?
-Aquí hay un gran responsable que no quiso escuchar, un director de Fonasa que cumplió con las lamentables tres “i”: incompetencia, porque el diseño fracasó; indolencia, porque ha dicho públicamente que no hay que dramatizar este fracaso cuando hay miles de personas en la lista de espera, e impunidad, porque no asume su responsabilidad. En cualquier otra circunstancia, un fracaso como este le habría costado el cargo a un director de Fonasa.
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