El Ministerio de Obras Públicas (MOP) aterrizó en Nueva York, Estados Unidos, para participar en el Chile Day con un objetivo claro: aumentar la competitividad del sistema chileno de infraestructura y concesiones.
Según explicó a DF el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, existe preocupación por la disminución del interés y competencia en las licitaciones de obra pública en Chile. De hecho, un estudio de la Universidad de Talca de 2023 estableció que cerca de un 30% de las licitaciones de este tipo terminan declarándose desiertas. En paralelo, en el sistema de concesiones también se ha observado una baja sostenida en la cantidad de actores participantes.
Balmaceda recordó que durante los primeros 10 años del sistema se recibían cerca de cuatro ofertas por licitación. Ya en la segunda década esa cifra comenzó a caer a menos de tres, mientras que en la última, el promedio ronda en una oferta y media por proceso, escenario que la autoridad calificó como una “luz roja”.
“Por eso, queremos abrir nuestro sistema de concesiones a nuevos actores. Estados Unidos es un país que tradicionalmente no ha participado en concesiones de obra pública en Chile, y en Canadá nuestra idea es reforzar los que ya existen. Este último país es el mayor inversionista en Chile: sumando las inversiones mineras, de energía y concesiones de obra pública, tiene más de US$ 30 mil millones” declaró Balmaceda.
En ese contexto, Balmaceda explicó que la delegación del MOP llegó a Nueva York con una estrategia definida para captar el interés de inversionistas internacionales. Por un lado, se apuntará a reforzar las fortalezas históricas del país, como por ejemplo, la estabilidad institucional de Chile y la solidez de un sistema de concesiones que ya supera los 30 años de funcionamiento.
En esa línea, la autoridad destacó que el modelo ha sido administrado por ocho gobiernos distintos, de diversos sectores políticos, y todos han reconocido su valor sin introducir cambios que alteren su esencia original.
Asimismo, enfatizó que Chile es el único país de la región con clasificación de riesgo "A" y con perspectiva "estable". A ello, suma que el país cuenta con más de 30 tratados bilaterales de inversión, los que entregan protección a los capitales extranjeros y permiten, en caso de conflictos, recurrir a tribunales internacionales.
Respecto del énfasis que dará la nueva administración a esta cartera, Balmaceda sostuvo que uno de los focos está en avanzar hacia una mayor estandarización y simplificación regulatoria. En esa línea, explicó que están fortaleciendo la institucionalidad de la obra pública a través de la dirección de Planeamiento.
Según detalló, la intención es que dicha dirección retome el rol para el cual fue creada: definir qué obras públicas desarrollar, cómo ejecutarlas y en qué plazos avanzar.
- ¿Qué tipo de inversionistas buscan atraer?
- Apuntamos a dos tipos de actores. Por un lado, a financistas, y por eso es que nos vinimos un día antes de Chile Day y hoy tuvimos reuniones con varias instituciones financieras internacionales. Y una conclusión que es ineludible es la necesidad de considerar pagos en dólares. El hecho de que todos nuestros proyectos de concesiones sean remunerados en UF no los hace suficientemente atractivos para actores internacionales, y es por eso que no tenemos actores financiando ni construyendo desde Estados Unidos a concesiones de obra pública chilena.
Y, por otro lado, fondos de infraestructura que son enormes y nos dijeron: “Si ustedes solucionan el tema del tipo de cambio, la verdad es que aquí hay mucho apetito por infraestructura”.
- ¿La remuneración en dólares, es una discusión que ya existía dentro de la industria?
- No se ha planteado. Es algo que se viene discutiendo, no estamos descubriendo la "pólvora", pero nadie le ha puesto el "cascabel al gato" en términos de implementar algo que sí se ha hecho en otros países de Latinoamérica.
- ¿El MOP buscará impulsar ese cambio?
- Sí. Tenemos una conversación pendiente con el Ministerio Hacienda para poder ampliar la cancha a más actores.
La cartera de concesiones
Para atraer a nuevos inversionistas, el subsecretario aseguró que el gobierno está presentando una cartera “ambiciosa” de proyectos.
En concreto, detalló que la meta para los próximos cuatro años es movilizar US$ 14 mil millones en inversión mediante concesiones de obra pública. Ello implicaría prácticamente cuadruplicar el promedio de inversión ejecutado en los últimos años.
Junto con ello, Balmaceda planteó que el Ejecutivo busca ampliar la tipología de proyectos concesionados. Ello, porque cerca del 80% de las concesiones desarrolladas en los últimos 30 años han sido viales, concentradas principalmente en carreteras.
A juicio de la autoridad, esa estrategia respondió adecuadamente a las necesidades que tenía el país en su momento. Sin embargo, sostuvo que, una vez cubierta gran parte de esa infraestructura hoy existe espacio para abrir el sistema a nuevas áreas y tipos de proyectos.
“Estamos aumentando la oferta de proyectos no viales de manera inédita en el país: solo en hospitales, con una inversión cercana a los US$ 3 mil millones. En cárceles también vamos a tener alrededor de US$ 3,8 mil millones. Además, se acaba de adjudicar un sistema de alerta de tsunamis, que es una cosa también inédita, y de pasos fronterizos, que es algo que nunca se ha hecho en Chile”, enfatizó Balmaceda.
- Más allá de la cartera de proyectos, para atraer a más inversionistas también parece relevante avanzar en cambios a las normativas, los contratos y las bases de licitación. ¿Están trabajando en modificaciones en esa línea?
- No solo estamos estudiando, sino que ya lo estamos aplicando desde el día uno. Teníamos conciencia respecto del desafío regulatorio y normativo que hay en Chile. La permisología está asfixiando a nuestro país. Hoy existen US$ 10 mil millones en proyectos adjudicados vía concesiones que no han podido iniciar su construcción por tema de permisos.
Por lo tanto, estamos trabajando en modificaciones regulatorias. Pero también en trabajar la gestión. Solo con gestionar mejor los proyectos, muchos de estos temas se pueden resolver, porque a veces ocurre que estas cosas se traban por desinteligencias dentro del Estado y el proyecto queda trancado hasta que alguien tiene que resolver, y a veces hay que terminar en tribunales para que el tribunal diga: “Oiga, no corresponde que pidan eso”. Ese tipo de cosas nosotros las estamos resolviendo.
- En términos de obra pública tradicional ¿existe la posibilidad de aplicar mecanismos similares al Panel Técnico o comisiones arbitrales?
- Efectivamente. Hay un buen sistema para resolución de conflictos a nivel de concesiones, que es un sistema de métodos alternativos de conflicto, que es privado, que es el Panel Técnico y luego las Comisiones Arbitrales.
El problema que existe con la obra pública directa es que no tiene estos mecanismos y, por lo tanto, tú te vas a tribunales ordinarios de justicia, donde te toca un juez que está con una sobrecarga de trabajo (...) no tiene tiempo para dedicarse a esto, no conoce a los peritos que son necesarios y estos juicios se pueden demorar hasta ocho años. No hay proyecto que te aguante; las constructoras se van de espaldas. Por eso hay muchas constructoras que han decidido, o que han declarado, que prefieren no trabajar más con el MOP, porque tienen muchas dificultades con garantías, para efectos de facturar, y si tienen litigios, estos se eternizan.
Entonces, estamos analizando la posibilidad de incluir métodos alternativos de resolución temprana de conflictos también en obra pública directa, de modo de poder darle más certeza a los proyectos, acortar sus plazos y bajar sus costos.
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