Bahrain sigue sin cumplir con sus promesas de reformas

El reporte de la Comisión Independiente de Investigación de Bharain (BICI, su sigla en inglés), una comisión de reconocidos abogados internacionales que ha estado investigando las revueltas de febrero y marzo, era una importante oportunidad para aplicar reformas y alcanzar una reconciliación. Pero hasta la fecha, la respuesta del gobierno ha sido limitada, aunque ha prometido una serie de reformas durante un período indefinido.

Una de las primeras acciones concretas realizadas después de que se publicó el informe de la BICI, en noviembre, fue la destitución del jefe de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), Sheikh Khalifa bin Ali al-Khalifa, ex embajador en Londres y ex ejecutivo de Bahrain Television. Pero el impacto de su remoción se diluyó más tarde cuando fue nombrado como consejero del rey con estatus ministerial y también como presidente del Consejo Supremo de Defensa.

El rey ha establecido una Comisión Nacional para estudiar la implemetación de las recomendaciones del reporte de la BICI y reportará sus resultados durante este mes.




¿Nuevos cambios?


Existen varias reformas legales en los planes que fueron anunciadas antes de la publicación del reporte, y que incluyen algunas reformas constitucionales que surgieron del Diálogo Nacional que se realizó en julio (que estuvo dominado por partidos pro gobierno). Los cambios incluirán traspasar los poderes de algunos ministerios al primer ministro en vez de al rey. El documento también señala que el gobierno planea enmendar varias leyes que criminalizan ciertas formas de expresión política para acercarlas más a las promesas de Bahrain de respeto a la libre expresión bajo la ley internacional.

A pesar de las promesas de reformas, no ha habido cambios en el gabinete y se han visto muy pocos cambios en las fuerzas de seguridad. Varios cientos de trabajadores despedidos se mantienen sin empleo, a pesar de que el informe señala que las huelgas de los sindicatos en febrero y marzo fueron legales. Continúan los juicios en varios casos conectados con las protestas (entre ellos profesores y médicos).

Cerca de 300 personas que han sido encarceladas por crímenes de expresión política (que van desde participar en protestas hasta escuchar canciones anti-gobierno) se mantienen en prisión.