Siguen escribiéndose capítulos en torno al fallido Consorcio Belaz Movitec (CBM), que en las últimas semanas ha estado en la palestra pública, luego de que sus entonces abogados, Mario Vargas y Eduardo Lagos, fueran formalizados, junto con Gonzalo Migueles -pareja de la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco- en el marco de la llamada “trama bielorrusa”.
En este proceso penal se imputa cohecho, soborno y lavado de activos, lo que habría ocurrido durante la tramitación de una serie de acciones legales con las que el consorcio se habría visto favorecido en pagos por parte de Codelco, luego de que esta firma estatal les terminara de manera anticipada un contrato en la faena Rajo Inca.
El caso es que tras fracasar el contrato de CBM con Codelco, el mencionado consorcio entró en liquidación en la justicia. Y fue en el marco de ese otro proceso legal civil que la liquidadora a cargo del caso abrió lo que en jerga judicial se denomina un “incidente de declaración de mala fe” en contra de esta firma deudora. Esto porque dice que el consorcio había realizado pagos preferentes a una empresa relacionada, Movitec, ligada a Jaime Eduardo Duch Higginson, Serjan Sekul Camus, Josip Sekul Camus y Jaime Andrés Duch León. Esta es la parte chilena del fallido consorcio.
Un documento presentado en la justicia por la liquidadora detalla transferencias del consorcio a Movitec por un total de $ 13.645 millones, hechas en 2023. Y menciona un informe que fue suscrito por el representante de la empresa, Josip Sekul Camus, en el que reconoce cada una de las transferencias, “tratando de darle un contexto a la utilización de fondos, que no tiene asidero alguno, principalmente porque alude a gastos del 2021, cuando la empresa deudora estaba en plena ejecución del contrato Rajo Inca, suscrito con Codelco”.
La liquidadora añade en su informe a la justicia que se realizaron transferencias por parte del deudor a Movitec, “las cuales constituyen egresos preferenciales y en detrimento de la masa de acreedores (…) Estas transferencias, realizadas a una empresa con la cual existe un vínculo de relación, evidencian un trato preferencial en perjuicio de la totalidad de los acreedores, constituyendo una clara infracción a los principios de igualdad que rigen los procedimientos concursales, principalmente si se considera que el pasivo en esta liquidación es sobre los $ 10 mil millones y que dentro de los acreedores no está Movitec”.
La liquidadora profundiza y sostiene que las transferencias realizadas por el deudor a Movitec “son un claro ejemplo de una forma de distraer y ocultar sus bienes (…) A todas luces prefirieron pagarse ellos en perjuicio de todos los acreedores que han verificado e incluso algunos trabajadores que aún esperan el pago de su finiquito, lo que ha sido imposible, toda vez que no hay fondos incautados (…) No existía ni existe mandato, convenio u otro acuerdo que permita demostrar que Movitec estaba encargado de pagos de CBM”.
Sin embargo, el consorcio se defendió en la justicia y rebatió estas objeciones. Remontándose a la época de cuando el contrato con Codelco estaba vigente, apuntó, por ejemplo, a la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, señalando que la cercanía política de Bielorrusia con Rusia provocó una serie de sanciones económicas y comerciales por parte de las naciones de Occidente y que este hecho afectó la relación contractual del consorcio con diversos proveedores y subcontratistas, lo que significó que parte importante de los contratistas decidieran o exigieran que el contrato de servicios se firmara con Movitec, la empresa chilena, y no con el consorcio. Movitec operó, entonces, como “agente oficiosa”, pero en algunos casos debió incluso otorgar garantías propias, sostuvieron.
El consorcio alegó que, tras terminarse el contrato con Codelco, es Movitec quien debió asumir los más de US$ 70 millones de pasivo del consorcio, pues indica que proveedores e instituciones financieras requirieron que Movitec -que a esa fecha tenía patrimonio y contratos con importantes empresas mineras- asumiera los pasivos.
Referido a los más de $ 13 mil millones que alude la liquidadora que recibió Movitec, apunta a que lícitamente recibió fondos para el pago de obligaciones del consorcio, “acciones que se realizaron en un marco de buena fe (…) No se justifica que se intente declarar la mala fe”, dijeron en la justicia.
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