"Intenso" ha sido, según Andrés Palma, poner en marcha una de las leyes más debatidas y emblemáticas del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El ex diputado DC, economista y antiguo amigo del otrora ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, tiene a su cargo la compleja tarea de implementar el fin del copago, el lucro y la selección en el sistema escolar.
En los últimos días se visibilizó su primer logro, cuando 783 colegios particulares subvencionados optaron por ser gratis en 2016. A DF explica el arduo trabajo que ha significado convencer a los sostenedores -que el año pasado constituyeron una ferrea oposición al proyecto- de los beneficios de la Ley.
- El gobierno ha celebrado los primeros resultados de la Ley de Inclusión, mientras que la oposición y sostenedores acusan "engaño comunicacional", argumentando que el verdadero efecto de la Ley se verá en 2018.
- Decir que esto no es relevante es una falta de respeto a esas 240 mil familias que ahora dejarán de pagar. En promedio, el año pasado esas familias pagaban $ 9.500 por niño. Decir que eso no importa, es reírse de esas familias.
- Los críticos de la reforma apuntan a que el verdadero cierre de colegios se daría en 2018, cumplido el plazo obligatorio para convertirse en corporaciones sin fines de lucro. ¿Hay estimación de cuántos cerrarían?
- No me atrevo a dar una cifra de cuántos colegios podrían cerrar, porque este año los sostenedores se han ido convenciendo de los beneficios de la Ley.
- ¿Y por qué recién ahora se están convenciendo los sostenedores?
- Porque hemos tenido que hacer un trabajo comunicacional con cada uno de ellos. Invitamos a todos los sostenedores del país a reuniones con el Mineduc y nos reunimos uno a uno. La gran mayoría de los que llegaron a reunirse con nosotros pasaron a la gratuidad porque tuvieron la información directa. Cuando los dueños de colegios tienen la información y la certeza, toman decisiones que no están afectadas por argumentos de agrupaciones de sostenedores que están diciendo "no le crean al ministerio". Un sostenedor que tiene $ 3 mil de copago y que por desinformación no pasó a la gratuidad, pierde varios millones de pesos para su proyecto educativo.
- ¿Se revirtió, entonces, el incierto escenario del que se acusaba el año pasado?
- No logramos vencer del todo el clima de incertidumbre, pero logramos darle certidumbre a muchos sostenedores que optaron por la gratuidad.
- ¿Pero reconoce que el año pasado el Mineduc hizo un trabajo insuficiente en promover la reforma?
- El año pasado estábamos concentrados en la tramitación del proyecto, porque si no se hubiera aprobado el proyecto, y varias veces hubo riesgo de que eso ocurriera, habríamos estado informando sueños. Pero mientras nosotros estábamos dedicados a eso, había quienes estaban dedicados a hacer una campaña desinformando y diciendo cosas que no eran verdad a padres y sostenedores.
La desaprobación a Bachelet
- Según la última Adimark la reforma continúa con un alto nivel de rechazo, ¿se logrará revertir eso de aquí a que termine el gobierno?
- Sí, creo que se va a lograr revertir ese rechazo, pero no del todo, porque los procesos de reformas estructurales tienen la característica de que el gobierno que las impulsa obtiene costos y los gobiernos que siguen obtienen beneficios. Y hay que tener mucha voluntad y liderazgo, como el que tiene la presidenta Bachelet, para impulsar este proceso de transformaciones.
- ¿Entonces gran parte de la alta desaprobación de Michelle Bachelet se debería precisamente al rechazo a la reforma educacional, que fue el sello de su campaña?
- El desorden político en la oposición y en la coalición de gobierno es el principal motivo por el cual hay baja aprobación a la presidenta Bachelet y a todo el mundo. Esa desaprobación a la Presidenta se debe principalmente al desorden de las propias filas de la Nueva Mayoría. Hay parlamentarios que cualquier cosa que se haga salen criticando.
- Ese desorden en las filas de gobierno, ¿ha afectado también el avance de la reforma?
- No obstaculizó tanto en la Ley de Inclusión, pero tensionó. Al final, todos los parlamentarios de la Nueva Mayoría en el Senado y en la Cámara votaron a favor. Sí ha obstaculizado el avance de Carrera Docente, es un hecho que retardó dos meses el inicio de la discusión en particular.
- Y el crispado ambiente en el debate sobre educación superior, ¿se lo atribuye al desorden en la NM o a los sucesivos cambios de criterio para acceder a la gratuidad que ha ido dando a conocer el Mineduc?
- El proyecto de educación superior está siguiendo un curso de bastante diálogo, por lo tanto, lo que se envíe finalmente al Congreso será más ágil. Los cambios de criterio no han sido tantos como parecen. Si decimos que vamos a cambiar un punto y coma por una coma, no se puede decir que hubo un cambio.
- Pero esos cambios de criterio han ido modificando la cantidad de instituciones que serán gratuitas en 2016. No parece un cambio menor.
- Es cierto que hubo un cambio, pero los que siguieron fueron cambitos. El cambio fue lo que anunció la Presidenta en el cónclave tras escuchar reclamos, que fue distinto a lo que dijo previamente en el 21 de mayo. Los otros son cambios menores de una propuesta que hay que terminar de cerrar, sin duda.
- Llevando el "realismo sin renuncia" al ámbito educacional, ¿en qué se traduce?
- El realismo sin renuncia, en definitiva, significa gradualidad. Si yo dispongo de todos los recursos del mundo, puedo hacer las cosas en un plazo menor a que si dispongo de la mitad de los recursos del mundo. Los objetivos se mantienen, pero los plazos serán según los recursos que uno dispone.
- ¿Y ese discurso de gradualidad complica la relación entre el Mineduc y los actores?
- Sí, eso es inevitable. No tenemos los recursos para dar gratuidad mañana. Complica la relación con los actores, cuando ellos quieren gratuidad mañana.
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