Entre marzo y el 2 de mayo de este año, la Cámara de Diputados ha aprobado ocho comisiones investigadoras, uno de los tres instrumentos de fiscalización de los actos de gobierno que posee la Corporación. Sin embargo, existen dudas acerca de la efectividad de estas instancias dado su carácter político.
Si bien los diputados defienden las escasas herramientas de fiscalización con que cuentan, como son la interpelación, acusación constitucional y comisiones investigadoras, admiten que sólo esta última genera una sanción concreta.
El vicepresidente de la Corporación, Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), reconoce que “hay mucho que modernizar en los procesos internos de la Cámara”, pero agrega que no le preocupa la existencia de “muchas” comisiones investigadoras.
A su juicio, ello “no debería ser un problema”, pues lo que ocurre -añade- es que por las materias que abordan o porque “los hechos investigados no eran tan graves como se supuso” al crearlas, finalmente, unas comisiones tienen más impacto que otras.
Mulet defiende el funcionamiento de dichas instancias en el marco de un sistema “extremadamente presidencialista” y aclara que “una conclusión grave de una comisión respecto de un determinado tema en la administración del Estado tiene directa o indirectamente involucrados a uno o más ministros, (…) el instrumento (de sanción política) está y es la acusación constitucional”.
Pero también están los que creen que el factor político que involucran las comisiones investigadoras puede impedir su utilidad.
El director ejecutivo del Instituto Libertad, Aldo Cassinelli, explica que las mencionadas figuras “son un instrumento político que puede ser muy útil para determinar responsabilidades o mejoras en término de procedimientos, incluso administrativos. Pero el alineamiento político que se replica en los equilibrios del Congreso hace que su efectividad, incluso sus conclusiones, puedan terminar siendo nulas”.
Y agrega que “esos alineamientos producen que elementos que eventualmente pueden llegar a ser muy claros en términos de políticas públicas incluso -como en el caso de la investigación del Sename-, no queden reflejados en el resultado”.
Y dado que los organismos susceptibles de ser investigados no están obligados a implementar las recomendaciones de una comisión investigadora, Cassinelli plantea que los parlamentarios podrían utilizar información que surge de estas instancias “para guiar o transformar programas o políticas que se estén desarrollando en ciertos servicios” para generar un efecto o resultado concreto.
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