Los escándalos por financiamiento irregular de la política, así como los casos de colusión que han marcado la agenda pública del país en estos últimos dos años, terminaron por pasarle la cuenta a Chile y así lo refleja la última versión del Índice de Percepción de la Corrupción 2016.
El ranking elaborado por Transparencia Internacional (TI) revela que si bien Chile sigue ocupando el segundo lugar a nivel regional, sólo superado por Uruguay, cayó cuatro puntos en comparación con 2015, quedando con 66 puntos (ver gráfico), lo que ocasionó que bajara dos lugares y quedara en el puesto número 25 de la tabla.
La medición incluye 176 países y la lideran Dinamarca y Nueva Zelandia con 90 puntos, seguidos por Finlandia y Suecia, mientras que en el último lugar se ubica Somalia con 10 puntos.
Entre las conclusiones arrojadas por el informe, en lo que respecta al caso chileno se señala que “casos Penta, Caval, Soquimich, Milicogate, Corpesca han incidido y han repercutido en los niveles de confianza de la ciudadanía. Sobre todo, la relación política dinero ha sido puesta en entredicho”.
Transparencia Internacional además plantea que “si bien se organizó una comisión anticorrupción que generó una serie de propuestas normativas, se debe seguir avanzado en términos legales, institucionales y culturales en pos de generar una política de Estado anticorrupción y que no se generen siempre medidas reactivas”.
Por lo mismo, se señala que “frente a la actual crisis de confianza, las medidas anticorrupción no pueden ser de carácter populista, si fueran así, estas medidas agravarían aún más el problema”, además que “en año de elecciones, la relación dinero política debe ser transparentada y delimitada tanto formalmente como en la práctica”.
Llamado de atención
Sobre los resultados obtenidos por nuestro país, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, puso el acento en el deterioro de la posición chilena, subrayando que se trata de un fenómeno preocupante que debe transformarse -dijo- en “un fuerte llamado de atención que la ciudadanía le está transmitiendo a todos los actores con poderes de decisión. El mensaje es que esto puede seguir empeorando mientras no se adopten las medidas necesarias para prevenir hechos como los que hemos conocido durante los dos últimos años”, advirtió.
El ejecutivo subrayó que tras “los escándalos conocidos públicamente, corresponde a la justicia hacer su trabajo para sancionar y a las autoridades continuar con el perfeccionamiento de nuestras instituciones con el propósito de levantar obstáculos más altos y difíciles a quienes planifiquen incurrir en conductas que atenten contra la probidad y transparencia”, enfatizando a su vez que “se necesita entregar mensajes y señales claras y potentes a la ciudadanía para aumentar los niveles de confianza”.
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