Un fuerte eco tuvo ayer en el mundo empresarial la serie de medidas que anunció la noche del martes la presidenta, Michelle Bachelet, para enfrentar la crisis de confianza que atraviesa el país y, en particular, la mención a que en septiembre iniciará un proceso para generar una nueva Constitución.
Los líderes gremiales fueron los encargados de abrir los fuegos. En sus declaraciones, coincidieron en valorar el trabajo realizado por la comisión Engel, destacando que las medidas propuestas por la mandataria van en el sentido correcto para resolver los problemas de corrupción y transparentar la relación entre el dinero y la política.
Sin embargo, los posibles cambios en la Constitución los recibieron con inquietud. ¿Las razones? Argumentaron que el proceso será un nuevo foco de incertidumbre para la alicaída inversión en el país y que no tiene relación con las reformas para combatir las malas prácticas.
"Sumar ahora la tremenda incertidumbre de una Reforma Constitucional causa gran inquietud en los actores económicos, con lo que podría verse aún más afectada la inversión, por la paralización o retraso en la concreción de proyectos, por la falta de certeza que se abre en variados ámbitos con un anuncio como este", afirmó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas.
El máximo timonel de los empresarios recordó que han insistido en que la incertidumbre introducida por el conjunto de reformas "profundas desarrolladas por el gobierno, ha afectado significativamente el nivel de inversión". Esto, sostuvo, al punto de "dificultar que nuestra economía retome el merecido ritmo de crecimiento, con todos los beneficios que ello trae sobre el empleo, las familias y las personas".
Tajante, el dirigente sostuvo que "el anuncio de la presidenta de iniciar un "proceso constituyente", a mi modo de ver, no tiene relación con las necesarias reformas para erradicar las malas prácticas en la política, los negocios y en la forma como ambos se relacionan".
Desde su pespectiva, "es un error iniciar un proceso con apuro y sin que conozcamos el objetivo, en una materia tan fundamental como nuestra Constitución que ha dado la estabilidad y certezas indispensables para el progreso que Chile ha alcanzado las últimas décadas".
Salas, en todo caso, valoró el trabajo "serio, técnico y profesional" que realizó la Comisión Engel. Sobre el punto, expresó que el conjunto de propuestas que contiene el informe va en la línea correcta, por un lado, para luchar efectivamente contra la corrupción, los conflictos de interés y las malas prácticas en el sector público y privado; y por otro, para transparentar la relación entre dinero y política, evitar ilegalidades y faltas a la ética en este campo.
Anticipó que analizarán en detalle cada una de las medidas, pero desde ya manifestó su coincidencia con que se aumente la fiscalización por parte de los órganos responsables, que se endurezcan las sanciones, se evite el mal uso de recursos del Estado, se mejore la calidad de la política, y se avance con la debida prolijidad en las medidas administrativas y proyectos de ley necesarios para concretar las propuestas".
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