La designación de la ex ministra Javiera Blanco como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) provocó otro remezón en la clase política y en la ciudadanía, porque fue percibida como un gesto de agradecimiento de la presidenta Bachelet a una funcionaria leal. Otros le sumaron al malestar el cuoteo político y, finalmente, el hecho de que la ex secretaria de Estado podría vivir tranquila hasta los 75 años con un salario nada despreciable.
Todo esto provocó críticas a la fórmula de designación y a la escasa fiscalización que parecen tener los organismos autónomos. Pero mucho antes, el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, presentó una moción que extiende a esta instancia la obligación de recibir a los aspirantes a los menionados cargos, pero en su momento pasó inadvertida.
Corría el 18 de mayo de 2016 e ingresaba a la oficina de partes de la Cámara la moción que modifica la ley N° 18.918 orgánica constitucional del Congreso, con el fin de “establecer la obligación de recibir en las comisiones de ambas cámaras a candidatos a cargos en cuyo nombramiento les corresponda intervenir”, porque hasta ahora ese mecanismo se utiliza sólo en el Senado, donde algunos de los candidatos deben pasar por las comisiones de Constitución o Hacienda, o ambas. La iniciativa está en su segundo trámite en el Senado, paradójicamente, sin urgencia.
El artículo único de la moción modifica la Ley N°18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional e instaura que “el Senado y la Cámara de Diputados establecerán en sus respectivos reglamentos las comisiones que recibirán en una o más audiencias a aquellas personas que han sido propuestas para cargos en que una o ambas cámaras participan en su proceso de nombramiento.
En la audiencia los integrantes de cada comisión podrán requerir información sobre los antecedentes académicos o profesionales del candidato, sobre su idoneidad para el cargo al que ha sido propuesto y respecto de la existencia de eventuales conflictos de interés que pudieran afectarles”.
Desde algunos centros de estudio han seguido el debate que abrió la designación de Blanco y a partir de ahí plantean algunos desafíos, mientras que otros ya habían tomado la iniciativa de hacer propuestas en esta materia.
En el último caso se encuentra Espacio Público. Una de sus investigadoras, María Jaraquemada, explica que el organismo participó en el debate del primer trámite de la iniciativa presentada por Andrade y expuso algunas indicaciones.
Partiendo de la base de una necesidad de mayor transparencia y accountability en el proceso de los nombramientos en organismos autónomos, dice, “lo que nosotros proponíamos es que, primero, cuando el Presidente de la República proponga a una persona al Congreso haya una audiencia pública -en el sentido de que se televise, se transmita- y los parlamentarios se enfoquen a hacerles preguntas para conocer las competencias que tienen para el cargo, porque son cargos técnicos y no eminentemente político” y, así, evitar también -agrega- que sólo prime el cuoteo político.
Una segunda idea es que “hubiera un lapso de una semana, por ejemplo, entre esa audiencia y la votación del Congreso para que los medios de comunicación, la ciudadanía, la sociedad civil pudiera hacer también su trabajo de contra chequear los antecedentes de esta persona de modo que el nombramiento se base más en sus méritos más que sólo en lo político”.
Una coincidencia relevante con Jaraquemada tiene la subdirectora ejecutiva de Chile21, Gloria de la Fuente, quien también propone que los nombramientos de los consejeros de organismos autónomos deben pasar “por un proceso que no sólo tiene que ver con la presentación ante el Parlamento, sino que ante la sociedad civil o que esta tenga la posibilidad de participar en la discusión sobre las prioridades de ese consejo”.
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