En el centro de la polémica se instaló la Ley de pesca que rige en el país luego que se conociera la investigación que realiza la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por posible cohecho en los aportes que Corpesca habría realizado a algunos parlamentarios que participaron de la votación de dicha norma en 2012, entre ellos, el senador UDI Jaime Orpis, lo que llevó al diputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, a proponer el martes la anulación de la legislación.
Durante la mañana de ayer la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) -gremio que reúne a las empresas del sector-, defendió la institucionalidad pesquera chilena argumentando que "es el resultado de un amplio y público debate".
A través de una declaración pública, destacó que la normativa -también conocida como "Ley Longueira- mejoró "significativamente" la posición de los pescadores artesanales y recoge "las mejores prácticas internacionales", generando un marco normativo "moderno".
"Sería lamentable y deplorable que situaciones puntuales que deben ser investigadas a través de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, pudieran afectar una legislación que, a pesar de su implementación, está siendo actualmente evaluada, a solicitud del gobierno por la FAO de Naciones Unidas", expresó.
Y si bien el gremio concuerda con la idea de que "toda legislación es perfectible", hizo un llamado a la "prudencia" para evitar generar "incertidumbre innecesaria" en un sector que fue definido por la propia presidenta como "prioritario".
Norma en revisión
A la par que Sonapesca emitía su declaración, el ministro secretario general de gobierno, Marcelo Díaz, reafirmaba en La Moneda que se evaluará la debatida ley, tal como la misma Jefa de Estado lo anunció en su cuenta pública.
"La presidenta el 21 de mayo dijo que se va a iniciar un proceso de evaluación de la Ley de Pesca para lo que se va a requerir el concurso de la FAO, un organismo de las Naciones Unidas que entiendo nos da garantías a todos, y a partir de esa evaluación se tomarán las decisiones pertinentes", dijo.
El vocero de gobierno detalló que el referido proceso contará con la participación de los miembros del sector con el fin de que el resultado "se haga cargo de las críticas" que hay en torno a la ley.
En su discurso del 21 de mayo, la mandataria hizo mención a la "realidad compleja" que enfrenta el sector, lo que "obliga a avanzar hacia un escenario de mayor sustentabilidad de los recursos, junto con una necesaria diversificación de la actividad".
SUBSECRETARIO DE PESCA, RAÚL SÚNICO, SE REFIERE AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE EXPERIMENTA LA POLÉMICA LEY DE PESCA
"DEROGAR LA LEY NOS PONDRÍA EN UNA SITUACIÓN COMPLEJA"
- ¿Por qué nace la necesidad de evaluar la normativa de pesca?
- Estamos dando cumplimiento al compromiso de la presidenta Bachelet y como gobierno hemos decidido confiar esta evaluación a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entidad internacional que nos da todas las garantías de independencia y transparencia para desarrollar un proceso exitoso y así cumplir con los objetivos planteados. La FAO tiene una vasta experiencia y nos aportará una mirada externa, independiente y global. El 28 de abril se firmó un memorándum de entendimiento, que es el punto de partida formal del proceso.
- ¿Sólo se buscan ajustes o también podría significar una anulación o derogación de la Ley?
- El compromiso del programa de gobierno es evaluar la Ley y en eso hemos estado concentrados. Derogar la legislación nos pondría en una situación extremadamente compleja, desregularizada y que pondría en grave peligro la conservación de los recursos.
- ¿En qué consiste y cuáles son los objetivos de este "compromiso" que declaró la presidenta?
- Nos interesa poder determinar si es que la Ley se atiene o no a las mejores prácticas de administración y manejo pesquero en materia de gobernanza, sustentabilidad y conservación de los recursos. Bajo esos objetivos, la FAO realizará una evaluación que considera también la participación y consulta de actores locales. El proceso tendrá una duración de 8 meses y sus conclusiones serán remitidas a esta subsecretaría, quien en conjunto con el Ministerio de Economía definirá las acciones a seguir.
- El diputado Hugo Gutiérrez planteó la posibilidad de anular el estatuto. ¿Esto hace más urgente su perfeccionamiento?
- En este momento nuestro país pasa por una crisis muy importante desde el punto de vista del estado de conservación de los recursos. En marzo emitimos un informe que da cuenta que existen ocho pesquerías nacionales en estado de colapso y otras ocho en estado de sobreexplotación y, en esa línea, tenemos un desafío muy importante y contar con una regulación que dé cuenta de esa realidad es clave. Junto con lo anterior, en la discusión de la Ley estuvieron ausentes elementos que para nosotros son centrales y que tiene que ver con el desarrollo productivo del sector, su adaptación a fenómenos como el cambio climático o fortalecimiento de la pesca artesanal vía su diversificación productiva. Esperamos identificar bien las brechas y poder entregar alternativas de perfeccionamiento.
- ¿Cuáles son los aspectos de la Ley que motivan su evaluación?
- Partimos bajo la lógica que todo cuerpo legal es perfectible y la normativa pesquera no escapa a esa realidad. Como gobierno, hemos revisado y reformulado el proyecto que crea el Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y otro de Bonificación al Cultivo y Repoblamiento de Algas. Tras una revisión interna, hemos definido ingresar dos proyectos más de modificación a la Ley de Pesca que tienen que ver con normativas específicas para la actividad betónica y la acuicultura de pequeña escala. La Ley de Pesca es muy compleja pues fija la regulación de todo el sector, incluyendo la acuicultura, reglas para el sector industrial y artesanal, la investigación y su fiscalización entre otros. Bajo esa lógica, hay muchos aspectos por mejorar y avanzar y así tener una ley robusta y que dé garantías de desarrollo sostenible a nuestro país.
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