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Publicado: Martes 30 de agosto de 2016 a las 04:00 hrs.
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, acompañado del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán, y de la subdirectora de la Academia Judicial, Cristina Villarroel, y sus equipos técnicos, dieron cuenta de la ejecución presupuestaria del primer semestre del Poder Judicial ante la tercera subcomisión especial mixta de Presupuestos en el Congreso.
En el encuentro, realizado en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la máxima autoridad del Poder Judicial destacó los $232.185 millones ejecutados por la institución durante los primeros seis meses del año, alcanzando un 46% del presupuesto total para el año, a junio de 2016.
Dolmestch dijo estar consciente de la situación económica por la que atraviesa el país y que desde esa perspectiva ha solicitado un uso eficiente de los recursos entregados al Poder Judicial, logrando las metas y objetivos trazados para una ejecución completa de los recursos asignados.
Guzmán indicó que se han ido concretando los proyectos de construcción de nuevos tribunales y centros de justicia, lo que ha redundado en una excelente ejecución, destacando los nuevos tribunales de Yumbel, Toltén, Los Lagos y los próximos en abrir sus puertas como los tribunales de Familia de Santiago y de Pudahuel; Juzgado de Familia de Osorno, Juzgado de Letras y Familia de Coquimbo, entre otros.
Guzmán solicitó a dicha comisión la asignación de recursos adicionales ($41.000 millones) para este año, con el objetivo de adelantar proyectos de infraestructura, los que están programados para los siguientes cinco años.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.