Economía y Política
Concertación aplaza acusación contra Van Rysselberghe
Paralelamente, el senador Navarro (MAS) tendría nuevos antecedentes del actuar de la intendenta.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 9 de marzo de 2011 a las 05:00 hrs.
Angela Chávez M.
Los jefes de las bancadas de diputados de la Concertación esperan tener en su poder, este fin de semana, el escrito final de la acusación constitucional en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, de modo que el lunes puedan comenzar a socializarla entre los parlamentarios.
En base a ese cronograma, el libelo sería presentado ante el Congreso, para que inicie su trámite correspondiente, entre el martes y miércoles de esa misma semana.
Así lo acordaron los titulares de las respectivas bancadas, Denise Pascal (PS); Patricio Vallespín (DC); Tucapel Jiménez (PPD) y Marcos Espinosa (PRSD), quienes ayer se reunieron en las dependencias del Parlamento para analizar el trabajo que, a la fecha, lleva realizando el equipo jurídico en la redacción del documento final.
Quienes han conocido el trabajo que han venido realizando los juristas, entre ellos, los constitucionalistas Humberto Nogueira, Patricio Zapata y Jorge Morales, dan cuenta que entre los datos recabados existen antecedentes que permitirían acusar a la autoridad regional de infringir otras normas, más allá del respeto a la probidad consignado en el articulo N° 8 de la Carta Fundamental.
Esos antecedentes demostrarían que “lo que ha hecho la intendenta de la Octava Región es una situación en la cual el Ejecutivo no debía haber tomado otro camino, sino destituirla”, comentó la diputada Pascal.
En la misma línea, el diputado Jiménez subrayó que en este caso “se pasa a llevar la norma que establece que el intendente ejercerá sus funciones con apego a las leyes y a las órdenes e instrucciones del presidente”.
Nuevas denuncias
Pero más allá del trabajo que realizan los abogados en la redacción del documento final, trascendió que el equipo del senador Alejandro Navarro (MAS), uno de los más críticos de la actuación de la intendenta, ha recibido nuevos antecedentes que confirmarían una “conducta reiterada de que la intendenta ha operado fuera de la ley”.
Es más, dicen que la autoridad regional habría utilizado recursos públicos en la compra de 34 mediaguas para erradicar a el mismo número de familias de la población Aurora de Chile, de Concepción.
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