Desde el 8 de octubre pasado las platas políticas han estado en el foco de la polémica y tiene enfrentados al oficialismo y la oposición, tomándose la agenda de la Cámara de Diputados. La incertidumbre acerca de si finalmente las comisiones investigadoras, patrocinadas una por el PC y otra por la UDI, tienen la facultad para cumplir con sus respectivos mandatos no sólo amenaza su eventual fusión, sino incluso su conformación, pues ambas serían inconstitucionales.
En un escenario sin precedentes, los diputados están enfrascados en un debate que ha impedido avanzar en la conformación de las comisiones investigadoras. Ello, porque en ambas coaliciones han surgido reparos a la constitucionalidad de las instancias, ya que las materias que proponen investigar estarían fuera de las atribuciones de la Cámara Baja.
La llamada comisión Penta
-apoyada por la NM- pide investigar cuatro aspectos que por apuntar al grupo económico dirigido por los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín resultan controvertidos, ya que los diputados no podrían investigar a privados. Con este argumento la UDI se opuso desde un comienzo a su creación.
En tanto, la comisión con que el gremialismo busca empatar la de sus adversarios políticos no parece tener un futuro más próspero. Porque el mandato, a juicio de expertos, también rebasaría las atribuciones de la Corporación. Ello, porque su cometido es “analizar las presuntas anomalías relativas a los aportes privados a las campañas parlamentarias y presidenciales” desde 2005 a la fecha.
Mandato constitucional
Así, ambas propuestas estarían fuera de los márgenes que la Constitución establece para las comisiones investigadoras, ya que según la Carta Magna en su artículo 52 Número 1, referido a las atribuciones de la Cámara establece que la primera de ellas es “fiscalizar los actos de gobierno”.
Este debate se tomó la Cámara, porque desde ambas coaliciones se acusan de no cumplir con los marcos legales y han hecho, públicamente al menos, todos los esfuerzos para mantener vigente la comisión que presentaron. Ello pese a que tanto en la Nueva Mayoría como en la Alianza admiten en privado que las dos instancias constituyen “una pasada de cuenta”, entre el PC y la UDI, que está tensionando innecesariamente el ambiente legislativo, cuando en el marco del debate de las reformas se requiere un clima propicio para llegar a acuerdos.
De ahí el impacto causado por el pre informe de la Secretaría de la Comisión de Constitución de la Cámara. Del documento se infiere que ni la llamada Comisión Penta ni la que busca investigar aportes privados a campañas cumplirían con el marco de las atribuciones que le otorga la ley. Así en la NM ya se está consolidando la idea de que lo mejor sería dejar morir ambas instancias y por lo mismo algunos parlamentarios oficialistas han socializado esa convicción en privado y la han reconocido en conversaciones informales con sus pares de la oposición.
En la UDI, en tanto, se analiza un escenario similar. Aunque oficialmente mantienen la defensa de su comisión, en privado algunos admiten que, “así, a simple vista, da la impresión que nuestra comisión tampoco tiene atribuciones”. Sin ir más lejos, un experto que integra las filas gremialistas es categórico en su análisis. “Ambas comisiones se apartan definitivamente de la norma constitucional y no cabe duda alguna que ninguna debiera conformarse”, sentencia.
Expertos opinan
En esa línea, el constitucionalista Patricio Zapata explica que “estrictamente” no corresponde que una comisión investigadora fiscalice a los privados; no obstante, “se puede llevar adelante una investigación donde privados hayan tenido algún tipo de participación, pero el foco de la misma debe estar puesto en un organismo público”. Y advierte que “si alguna de estas comisiones investiga sólo a privados estaría fuera de la Constitución”.
Para Zapata el debate respecto a la constitucionalidad de estas comisiones es una cuestión de foco, y éste debe estar centrado en los actos del gobierno o de entidades como el Servel o el Servicio de Impuestos Internos (SII), pero no en privados.
Por su parte, el experto Enrique Díaz -jefe de carrera de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás- profundiza en que las comisiones investigadoras están pensadas para indagar sobre eventuales responsabilidades políticas, “pero no se pueden llevar adelante investigaciones donde exclusivamente estén involucrados privados”. El abogado explica que de ser así ambas comisiones que se pretenden conformar correrían el riesgo de ser inconstitucionales.
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