Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo para modificar el proyecto de educación escolar, no podían satisfacer, al mismo tiempo, las demandas e intereses de todos: mientras la DC las aplaude, otros sectores de la Nueva Mayoría levantan duras críticas. De hecho, la polémica indicación que permitiría el arriendo para terminar con el lucro sería rechazada en la votación por los representantes del PPD y el PC en la Comisión de Educación, mientras el del PS la ratificará y los de la DC aseguran dar “todo su apoyo” al gobierno en esta modificación.
Cerca de cuatro horas estuvieron reunidos los parlamentarios oficialistas miembros de esta instancia legislativa ayer en el Congreso. ¿El tema que se tomó toda la discusión? La indicación presentada por el gobierno que establece las condiciones para que los sostenedores que no son dueños de su infraestructura puedan continuar arrendando el establecimiento en el proceso de constituirse como fundaciones sin fines de lucro. El debate respecto de este tema giró en torno a que algunos diputados como Cristina Girardi (PPD), Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC) acusan que bajo ese mecanismo existiría “lucro encubierto”, en tanto que otros como Fidel Espinoza (PS) y los DC Mario Venegas y Yasna Provoste, señalan que es “una adecuada salida a un problema de difícil solución”.
Girardi manifestó que “al permitirse el arriendo se está contradiciendo el principio original, que es que las corporaciones sean propietarias de los establecimientos. Y este requerimiento no es un capricho, es para asegurar la continuidad de los sostenedores en los proyectos educativos. Con la solución que está dando el gobierno, todos van a optar por arrendar”. En la misma línea, la diputada Vallejo adelantó que “así como está redactada esta indicación, no la apruebo, porque nos deja mucha duda de si efectivamente se podrá garantizar que en el mediano y largo plazo el dueño del inmueble no perciba una rentabilidad que signifique lucro”.
Estos cuestionamientos no fueron bien recibidos en la DC, partido cuya propuesta fue recogida –casi por completo- en las indicaciones del Ejecutivo. Así, Venegas fue tajante en señalar que “es incompatible decirse parlamentario de la Nueva Mayoría y al mismo tiempo no apoyar un proyecto del gobierno. Tenemos que definirnos: yo no puedo en un momento ser gobierno y en otro no serlo. En esto no se puede ganar por todos lados, ninguno de nosotros logrará que el 100% de nuestras aproximaciones estén en el proyecto. La DC cedió, Mario Venegas cedió. Yo espero que los otros también tengan la capacidad de que en beneficio de aprobar el proyecto, sean capaces de ceder en lo que corresponde”.
Así también su par Yasna Provoste afirmó que apoyarán al Ejecutivo en su indicación “porque está en el espíritu de lo que nosotros hemos señalado y además con el arriendo que se plantea se garantiza que no haya lucro”. En el mismo sentido, según Espinoza, la indicación “le da viabilidad al proyecto del punto de vista legislativo”.
La remuneración
Otro punto que genera divisiones al interior de la NM es la indicación que permite una remuneración para los sostenedores por su administración, algo que también había solicitado expresamente la falange. En este tema, sin embargo, las diferencias podrían ser subsanadas si es que, como afirmaron Vallejo y Girardi, el Ejecutivo especifica los parámetros del monto de ese sueldo, que, según como está redactado en la indicación, sería el propio sostenedor el que definiría su salario, el que posteriormente sería fiscalizado por la Superintendencia de Educación.
En este contexto, se anticipa que la complejidad de la discusión en particular, se dé no sólo por la resistencia de la Alianza a aprobar un proyecto que han calificado como “muy malo” –y que ya han afirmado que rechazarían casi todas las indicaciones - sino también por las marcadas discrepancias que existen al interior de la NM, gatilladas por el guiño del gobierno hacia la DC y los sostenedores. Sin embargo, Venegas, que preside la comisión, afirma que se encargará de generar las instancias para reunirse con los parlamentarios oficialistas antes de que comience la votación particular –el 23 de septiembre-, para intentar llegar a acuerdo, cuadrar los votos y asegurar todo el respaldo a la reforma del gobierno.
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