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REGÍSTRATE AQUÍLos parlamentarios señalan que la actual norma "no es del todo precisa" por lo que la Contraloría ha tenido que pronunciarse en varias oportunidades sobre la materia.
Por: Romina Jara Oliva
Publicado: Lunes 1 de octubre de 2018 a las 15:41 hrs.
La diputada Andrea Parra (PPD), junto a sus pares René Saffirio (IND) y Miguel Mellado (RN), presentaron un proyecto de ley que profundiza el principio de probidad en la administración pública, proponiendo que los funcionarios y autoridades deben abstenerse de resolver la aprobación y/o distribución de recursos cuando los beneficiarios sean organismos en el que intervienen o participan familiares.
La parlamentaria explicó que actualmente la Ley General de Bases es la que establece las conductas que contravienen el principio de probidad, "advirtiendo que los funcionarios y autoridades no pueden intervenir en temas en que se tenga interés personal y los obliga a abstenerse de participar de decisiones que le reste imparcialidad", pero advirtió que "la norma no es del todo precisa y la Contraloría ha tenido que pronunciarse en varias oportunidades sobre la materia".
En ese sentido, la parlamentaria recordó el caso más reciente que involucró a un exsubsecretario de Desarrollo Regional, quien en función de su cargo aprobó proyectos que beneficiaban a la comuna de Vicuña, en donde su cuñado era el alcalde. La Contraloría dictaminó que la exautoridad de gobierno debía abstenerse de participar del proceso de aprobación y asignación de recursos.
"Este claro conflicto de interés no solo debería afectar a un subsecretario. En la misma situación están otros funcionarios y autoridades que tienen dentro de sus funciones aprobar y distribuir fondos públicos. Es el caso de jefes de servicio, intendentes, consejeros regionales y concejales, entre otros", manifestó la legisladora.
Con todo, la diputada sostuvo que "lo que queremos hacer es correr el cerco en materia de probidad y transparencia, y disminuir las zonas grises donde la corrupción y el interés particular se alojan en desmedro del bien común. Buscamos profundizar el principio de probidad y precisar los actos que lo ponen en riesgo, por lo tanto, con esto incentivamos a que el Estado goce de una mayor transparencia".

"Esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.
El Ejecutivo, en uno de sus compromisos, planteó incentivar que estas entidades "puedan participar en el proceso de resolución de listas de espera". Los prestadores señalan que esto requiere una discusión mayor, mientras que las mutualidades retrucan que ya cuentan con autorización para ello.
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