DOLAR
$921,78
UF
$40.828,47
S&P 500
7.483,24
FTSE 100
10.679,03
SP IPSA
10.775,24
Bovespa
174.415,00
Dólar US
$921,78
Euro
$1.054,44
Real Bras.
$178,33
Peso Arg.
$0,62
Yuan
$135,92
Petr. Brent
71,94 US$/b
Petr. WTI
68,78 US$/b
Cobre
6,22 US$/lb
Oro
4.186,91 US$/oz
UF Hoy
$40.828,47
UTM
$71.649,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍLos parlamentarios señalan que la actual norma "no es del todo precisa" por lo que la Contraloría ha tenido que pronunciarse en varias oportunidades sobre la materia.
Por: Romina Jara Oliva
Publicado: Lunes 1 de octubre de 2018 a las 15:41 hrs.
La diputada Andrea Parra (PPD), junto a sus pares René Saffirio (IND) y Miguel Mellado (RN), presentaron un proyecto de ley que profundiza el principio de probidad en la administración pública, proponiendo que los funcionarios y autoridades deben abstenerse de resolver la aprobación y/o distribución de recursos cuando los beneficiarios sean organismos en el que intervienen o participan familiares.
La parlamentaria explicó que actualmente la Ley General de Bases es la que establece las conductas que contravienen el principio de probidad, "advirtiendo que los funcionarios y autoridades no pueden intervenir en temas en que se tenga interés personal y los obliga a abstenerse de participar de decisiones que le reste imparcialidad", pero advirtió que "la norma no es del todo precisa y la Contraloría ha tenido que pronunciarse en varias oportunidades sobre la materia".
En ese sentido, la parlamentaria recordó el caso más reciente que involucró a un exsubsecretario de Desarrollo Regional, quien en función de su cargo aprobó proyectos que beneficiaban a la comuna de Vicuña, en donde su cuñado era el alcalde. La Contraloría dictaminó que la exautoridad de gobierno debía abstenerse de participar del proceso de aprobación y asignación de recursos.
"Este claro conflicto de interés no solo debería afectar a un subsecretario. En la misma situación están otros funcionarios y autoridades que tienen dentro de sus funciones aprobar y distribuir fondos públicos. Es el caso de jefes de servicio, intendentes, consejeros regionales y concejales, entre otros", manifestó la legisladora.
Con todo, la diputada sostuvo que "lo que queremos hacer es correr el cerco en materia de probidad y transparencia, y disminuir las zonas grises donde la corrupción y el interés particular se alojan en desmedro del bien común. Buscamos profundizar el principio de probidad y precisar los actos que lo ponen en riesgo, por lo tanto, con esto incentivamos a que el Estado goce de una mayor transparencia".

"La línea que estamos activando ahora es para todo tipo de trabajador o trabajadora. Es un primer paso porque estamos recabando más recursos con los gobiernos regionales y Subdere", dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
El último de los tres procesos que enfrentaba al Estado con la sociedad de origen francés finalizó hace poco más de un mes. La firma pedía US$ 50 millones de indemnización.
El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.