Cuando el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, tema más conocido como de “permisología”, podría estar cerca de convertirse en ley si es que en la votación de mañana martes, Sala de la Cámara ratifica los cambios del Senado, abogados expertos en la materia examinan la iniciativa que el Ejecutivo ingresó a trámite en el Congreso hace un año y medio, en enero de 2024. Lo que aporta una mirada intermedia entre los parlamentarios que estiman que el proyecto no cumple con todo lo que se espera de él y los que están convencidos que resuelve por completo los problemas en esta materia.
La mirada generalizada de los expertos sobre la iniciativa es positiva. De hecho, existe bastante coincidencia en las visiones de Alexander Kliwadenko, socio de Aylwin Matta Abogados; Jorge Bahamonde, asociado de Claussen & Velasco; y, Juan Zulic, asociado de Fleischmann & Román Abogados, pero no todo es maravilloso. Para el primero, los aspectos destacables del proyecto son la posibilidad de sustituir ciertos permisos por declaraciones juradas; el establecimiento de plazos máximos para que los órganos incumbentes se pronuncien sobre las solicitudes; disminución de la discrecionalidad de ciertos órganos del Estado, lo que entrega mayor certeza; y, la estabilidad regulatoria.
Mientras que Bahamonde complementa lo dicho, añadiendo que este proyecto busca la modificación de más de 40 leyes sectoriales, “beneficiando a importantes sectores productivos del país como la minería, salud, obras públicas, aguas y energía, entre otros”. Pero alerta acerca de que un aspecto negativo, en cambio, podría ser una eventual “sobrecarga inicial de las nuevas entidades encargadas, ralentizando los procesos en lugar de agilizarlos”, por lo que aconseja “una capacitación contundente a los funcionarios públicos y una robusta infraestructura tecnológica”, pues de lo contrario, la nueva norma podría fracasar en su objetivo de eficiencia. Y Zulic subraya algo en lo que sus antecesores no hicieron hincapié, como el hecho de que todas las novedades mencionadas, en el marco del proyecto de permisología, “se corresponden con la era digital en la que nos encontramos, siendo una concreción de la política de modernización del Estado de Chile”.
¿De qué depende la mejoría en los tiempos?
Por su parte, Zulic levanta la alarma acerca de que el proyecto no se hace cargo, en cambio, de la necesaria regulación que eleve el estándar para suspender o paralizar la tramitación de ciertos permisos, evitando la judicialización y dotando de mayor certeza jurídica al sistema. E insiste en que si bien el Ministerio de Economía calcula que los tiempos para la consecución de los permisos se reducirán entre un 30% y un 70%, esos plazos suponen que no ha operado algún tipo de suspensión, “así como que el interesado cumple con los requisitos previos para presentar la solicitud, que estarán regulados en los respectivos reglamentos que dictarán los órganos sectoriales”.
Kliwadenko comparte en que resulta difícil saber de antemano cual será realmente el ahorro en tiempo y cree que las conclusiones sobre este aspecto se deberán sacar a posteriori, especialmente –plantea- “una vez que entre en operación el sistema de información unificado de permisos (ventanilla única) y el nuevo Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial”. Mientras que Bahamonde estima que si la iniciativa logra centralizar la interacción interinstitucional, implementándose eficazmente, se podría esperar una reducción de entre un 30% y un 50% del tiempo total de tramitación para proyectos de mediana a gran envergadura, lo que incluso aumentaría para proyectos menores. Y que si se logran sus objetivos, se generaría un entorno más competitivo a nivel global y regional, considerando que Chile se cataloga como uno los países con mayores trabas burocráticas, en el contexto de la OCDE.
Algo relevante que destaca el abogado Alexander Kliwadenko es la introducción del principio de simplificación administrativa, que mandata que los órganos sectoriales no podrán exigir, para el ingreso de una solicitud, la obtención previa de otras autorizaciones o certificaciones sectoriales (salvo que la ley así lo requiera), lo que –a su juicio- “indudablemente, va permitir que los proyectos puedan avanzar en la tramitación de sus permisos en forma paralela y simultánea, lo que, sin duda, va significar un ahorro de tiempos”.
¿Suficiente o no?
Pero, el proceso no termina con la promulgación de la propuesta del Gobierno, sino que –desde el punto de vista de Bahamonde- “como cualquier proyecto de esta envergadura, necesitará ajustes una vez que comience su aplicación práctica”, en aspectos como definiciones precisas de atribuciones, coordinación y concordancia con otras disposiciones legales, implementación de sistemas de control, entre otros. Algo que comparte Zulic, quien señala que una vez que entre en funcionamiento el sistema, es probable que sea necesario “sobre la marcha realizar ajustes, con el objeto de velar por los motivos que sustentaron el proyecto”.
Y, para Kliwadenko, derechamente, la propuesta “no resulta suficiente”, ya que, desde su punto de vista, es fundamental crear un marco amplio que promueva el desarrollo mediante la certeza jurídica y una cultura burocrática que facilite la ejecución de los proyectos. Y, más importante aún, que “urge avanzar con convicción en una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y al funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, que me atrevo a decir son hoy el principal “tapón” de los grandes proyectos de inversión en nuestro país”.
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