Algo más de dos meses han transcurrido desde que el Gobierno ingresó al Congreso su última reforma tributaria, con foco en entregar nuevos beneficios fiscales para la clase media y diseñar un nuevo sistema impositivo para las pequeñas y medianas empresas (Pyme).
La propuesta fue ingresada a trámite por el exministro Marcel. Su sucesor, Nicolás Grau, ha priorizado otros proyectos, como el de incentivos tributarios a la industria del hidrógeno verde.
En el texto, se reformula el sistema de tributación de los pequeños contribuyentes; se crean nuevos beneficios con foco en la clase media, como deducciones de gasto en favor de desembolsos en arriendos de propiedades; se aclara el tratamiento del beneficio por gastos en educación; se establece un mecanismo que acota a un 5% de los ingresos el pago de contribuciones de bienes raíces para adultos mayores; y se posterga en un año el reavalúo de propiedades no agrícolas que comenzaba a regir en enero del próximo año.
Estos beneficios tienen un costo fiscal de US$ 1.000 millones, por lo que serán compensados con aumentos de otros impuestos. ¿Cuáles? Terminar con exenciones que benefician a los fondos de inversión, tanto públicos como privados; restringir beneficios para la tributación de las herencias y donaciones; y aumentar las tasas marginales más altas de impuesto personal, para quienes obtengan rentas sobre $ 8,2 millones mensuales.
En este último ítem, se postula subir los dos tramos más altos de ingresos personales, pasando de una tasa marginal de 35% a 38% para quienes perciban desde $ 8,2 millones al mes, y de 35% a 40% para quienes ganen desde $ 10,2 millones mensuales. Hoy, el tramo más alto del 40% aplica para personas con una renta mensual superior a los $ 20 millones.
El texto no ha avanzado como se esperaba en su tramitación legislativa. De hecho, a dos meses de haber ingresado a discusión, la propuesta está prácticamente congelada en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que ha priorizado la propuesta que establece incentivos tributarios en favor de la industria del hidrógeno verde, que justamente fue despachada a Sala a inicios de esta semana.
¿Se abre el espacio para retomar la tramitación? El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Boris Barrera (PC), advierte que el escenario es complejo, no solo debido a que el Presupuesto domina la conversación política y el trabajo del Parlamento en los próximos dos meses, sino también porque hay otros proyectos en la "cola" de la comisión.
"Aún no se retomará el proyecto. El que viene para análisis de la comisión, que es más rápido de sacar, es el de la Superintendencia de Salud. Y de ahí, tal vez, el de pre existencias, también de salud", adelanta el legislador, señalando -eso sí- que puede que entre medio de ambos proyectos convoque a audiencias para el proyecto de reforma tributaria.
El proyecto fue presentado por el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, el pasado 22 de julio, pero por errores en la redacción y para evitar que partiera siendo analizado por la comisión de Economía en lugar de la de Hacienda, el 4 de agosto se reingresó el texto. A fines de ese mes Marcel abandonó el cargo, siendo reemplazado por Nicolás Grau, que más bien ha priorizado la norma de hidrógeno verde. La propuesta legislativa hoy tiene urgencia simple -la menos apremiante-, mientras que había ingresado al Parlamento con suma urgencia.
¿Separar el proyecto?
En la derecha el proyecto genera reparos, debido a que se busca compensar el costo de los beneficios para Pymes, contribuciones y la clase media con aumentos de impuestos a las personas de más altos ingresos. Esto, pese a que en su conjunto la propuesta es neutra fiscalmente. O sea, no se incrementa ni reduce la recaudación fiscal.
Por lo tanto, en la oposición buscan convencer al ministro Grau de separar el proyecto, tramitando por una parte los aumentos de impuestos y los beneficios que lo financian; y por otro, discutir en otra iniciativa la postergación del reavalúo de propiedades que debe aplicarse a partir del próximo año.
Este último es un tema delicado, ya que tanto en el oficialismo como en la oposición hay conciencia del malestar que ha generado en un segmento de la población el incremento que han mostrado las contribuciones de bienes raíces, en especial para adultos mayores, debido a ajustes en los avalúos fiscales de sus propiedades que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII).
De hecho, el tema ha sido uno de los núcleos programáticos de la campaña presidencial, con la mayoría de los candidatos a La Moneda proponiendo cambios al impuesto territorial, que van desde ampliar las exenciones, hasta eliminar completamente el gravamen.
En paralelo, el SII se encuentra desarrollando una mesa de trabajo técnica con representantes del mundo de la construcción, arquitectura y de tasadores de propiedades para llegar a un acuerdo para afinar la metodología de cálculo, aunque conocedores advierten que difícilmente ese trabajo llegue a puerto antes del 2026, por lo que se trabaja bajo la hipótesis de que el reavalúo se realizará en 2027.
La alternativa del Presupuesto
En las huestes de Republicanos y Chile Vamos creen que si no se acuerda separar el proyecto, otra opción es incluir una indicación para postergar el reavalúo en el marco de la ley de Presupuestos 2026.
"No existen las condiciones políticas ni el tiempo material para que una reforma de la complejidad del proyecto tributario pueda ser discutida y despachada antes de que termine el actual período presidencial y parlamentario. Es en este sentido que surgen dos alternativas viables: separar del proyecto la medida que posterga el reavalúo residencial de 2026 a 2027; o bien, incluirla directamente en la Ley de Presupuestos. Ambas opciones son mucho más viables que el proyecto original y permitirían fortalecer la legitimidad del proceso de reavalúo y quitarle la opacidad que hoy lo caracteriza", dice el representante de RN en la comisión de Hacienda de la Cámara, Frank Sauerbaum.
Su par de Republicanos de la misma instancia, Agustín Romero, dice que la tienda tiene una propuesta en materia de contribuciones, que es eximir a la primera vivienda del tributo, pero lo que corresponde es impulsarla "durante un Gobierno nuestro".
"Hoy lo urgente es separar el proyecto: que la discusión sobre las Pymes se dé sin la presión de un año electoral, y que la postergación del reavalúo habitacional avance de inmediato para dar un respiro a la clase media. Esa es una señal concreta de alivio que no puede esperar", recalca.
Mientras que el diputado UDI de la citada comisión, Felipe Donoso, considera que el Gobierno "ya no tiene espacios para cambios tributarios que terminen siendo de contrabando parte de la reforma tributaria ya rechazada por el Parlamento. Si tiene intención real de congelar contribuciones, puede hacerlo como parte de la ley de Presupuesto o un proyecto aparte".
La idea no es tan bien vista en el mundo oficialista. El representante del PS en la comisión de Hacienda, Juan Santana, es de la opinión de analizar "con responsabilidad la posibilidad de postergar el reavaluo de las propiedades, pues hay elementos que no pueden quedar fuera del debate o tomarse a la ligera. Es un asunto de gran contenido tecnico, entonces los parlamentarios debemos tener todas las opiniones sobre la mesa para después votar adecuadamente".
Mientras que Barrera señala derechamente no ser partidario de separar ambos proyectos: "El texto es importante en su totalidad y es necesario para la clase media y la Pyme, pero también es un proyecto integral. Se necesita sacar todos sus componentes, por lo tanto creo que por el momento no separaría el proyecto y lo tramitaría como uno solo".
Hasta el minuto, las partes no han iniciado un diálogo para destrabar el proyecto, pero en Teatinos 120 señalan que una eventual separación del texto deberá implicar también alguna propuesta a cambio de parte de la oposición.
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Sebastian Valdenegro
