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REGÍSTRATE AQUÍMinistro Valdés aseguró que el proyecto no se enviará antes de noviembre y descartó condonar las deudas a estudiantes, que superan los US$ 8.000 millones.
Por: Sebastián Valdenegro
Publicado: Jueves 6 de julio de 2017 a las 13:58 hrs.
El Ministerio de Hacienda entró de lleno al debate sobre la educación, poniendo foco en uno de los temas más sensibles para los estudiantes: el Crédito con Aval del Estado (CAE).
Esta mañana, en el marco de una exposición en la comisión de Hacienda de la Cámara, el titular de la cartera, Rodrigo Valdés, adelantó que el Ejecutivo trabaja en una propuesta para reemplazar el CAE y que la propuesta no será enviada al Congreso antes de noviembre.
"No nos podemos comprometer a tener este proyecto antes de noviembre en el Congreso, siendo responsables" aseguró el secretario de Estado.
Valdés adelantó que el proyecto tendrá tres ejes, revelando que el principal es que se dejará fuera a los bancos en la administración de los recursos, estando a cargo de un ente público.
"Segundo, que tenga mecanismos que acomoden mejor las contingencias que tiene cada persona, de manera de evitar a toda costa algunos casos de sobre endeudamiento. Y, en tercer lugar, queremos fortalecer los mecanismos de cobro", señaló.
Valdés desestimó que se puedan condonar los montos adeudados por los estudiantes que ingresaron al CAE, que ascienden a US$ 8.200 millones, equivalente a 3,26% del PIB de Chile.
El titular de Hacienda comentó que si bien el diseño general de esta iniciativa "está prácticamente listo", aún faltan por resolver detalles técnicos, recalcando que es importante "dar continuidad a este sistema" ya que hay del orden de 85 mil- 86 mil estudiantes que entraron en 2016 y financian el 80% de su arancel con el CAE.
"Sin esto, si no hay mecanismo, estas personas no podrían estudiar, y por lo tanto la gravedad es directa", advirtió.
El ministro señaló que el CAE es en la práctica un crédito bancario: "Queremos que sea una obligación mucho más profunda con el Estado", afirmó. Señaló que aquello implica "que las personas que puedan pagar paguen y que no haya excusa para no pagar si se puede pagar".
Pero, asimismo, "parece de toda justicia que el cobro sea más claro, porque la verdad es que no existe la posibilidad de caer en mora, porque justamente el diseño es que el que no pueda pagar no va a ir pagando".
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