En su etapa final de redacción se encuentra el proyecto de ley de datos personales. El objetivo de la iniciativa, según explica la subsecretaria de Economía, Katia Trusich, es crear "un sistema que permita terminar con la afectación de derechos de las personas a causa del tratamiento de datos personales y que, como consecuencia de eso, se logre generar una mayor legitimidad en la libre circulación de la información".
Para lograr este objetivo, el gobierno creará "un régimen orientado a proteger los derechos de las personas a través de la implementación de mecanismos y obligaciones para quienes realizan operaciones de tratamiento de datos".
La principal diferencia que tendrá esta iniciativa con la presentada por el gobierno de Sebastián Piñera se relaciona con el organismo que resguardará los datos personales. La iniciativa anterior creaba un departamento dependiente del Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) para supervisar y resguardarlos. En cambio, el actual proyecto establecerá un nuevo organismo a cargo de su administración.
La idea es que sea un consejo autónomo e independiente de los gobiernos, siguiendo un símil en su conformación al Consejo para la Transparencia.
Uno de los puntos que ha generado debate, y que no pudo resolver la administración anterior, es la unificación del proyecto de deuda consolidada con el correspondiente a datos personales, pues ambos se tramitarán por separado.
En este punto, Trusich precisa que "no se ha trabajado en fusionarlos porque creemos que no es necesario. La ley de protección de datos debe crear el marco legal general para el tratamiento de los datos personales", señala. Y agrega que se "ha trabajado activamente con las otras reparticiones públicas involucradas para asegurarnos que entre ambos cuerpos normativos exista la debida coherencia y armonía que permita que el Sistema de Protección de Datos se fortalezca adecuadamente".
Divergencias en la mesa
Si bien los expertos concuerdan en que se debe avanzar en una legislación más transparente para que se asemeje a estándares de países desarrollados, coinciden en que la información comercial debió ser incluida en la iniciativa.
"La historia ha demostrado que mantenerlos por separado no ha sido sinónimo de una tramitación más simple o expedita, pues no se logra coherencia regulatoria con cuerpos legales, enfoques y autoridades con objetivos divergentes", afirma el abogado de Philippi, de Yrarrázaval, Pulido & Brunner, Eduardo Escalona.
De todas formas, dice que es "una buena iniciativa, con varias innovaciones para nivelar el estándar en relación con los países más avanzados en estas materias".
Jorge Hermann, de Hermann Consultores, argumenta que es "inconveniente" que el gobierno realice el trámite legislativo de forma separada, porque al hacerlo en conjunto existirá una concordancia en el tratamiento de datos del mercado financiero en particular en relación al resto de la economía. Añade que legislar sobre los proyectos de forma separada "es ineficiente, porque lleva al Ejecutivo a duplicar el esfuerzo en el trámite legislativo".
En cuanto a la creación de una agencia, los expertos concuerdan en que "es una alternativa institucional existente en varios países, pero no la única ni necesariamente la mejor".
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