El 6 de marzo el gobierno acogió la solicitud que hiciera el Ministerio Público quien a través del fiscal Luis Toledo solicitó a la oficina de la división socio cultural de La Moneda el celular de trabajo y el disco duro que utilizaba Sebastián Dávalos, mientras ejerció el cargo.
Desde La Moneda confirmaron a DF dicha diligencia, aclarando que no fue un allanamiento, sino que se dio curso a lo solicitado por la justicia, en el marco de la política de colaboración en el llamado caso Caval, que investiga la compra de terrenos de la empresa de la nuera de la presidenta, Natalia Compagnon.
La diligencia judicial se suscribe dentro de la investigación respecto a la participación de funcionarios públicos en dicha compra.
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