Por Karen Peña
Controversia generaron los dichos del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien señaló que el programa +Capaz y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) sufrirían la reasignación de sus recursos para financiar en parte su eventual programa de gobierno en caso de convertirse en el sucesor de Michelle Bachelet.
El Sence difundió ayer una minuta debido a las “inexactitudes e información errónea emitida” por el abanderado. Sobre el +Capaz explicaron que el programa se inició en todas las regiones y comunas del país en 2015 y que desde ese año forma parte del presupuesto de la institución. Agregaron que durante 2014 hubo un piloto y que la evaluación del panel de Dipres abarcó el diseño e implementación del programa piloto ejecutado ese año, por lo que “no es correcto” calificarlo con un desempeño “insuficiente”.
Asimismo, argumentaron que actualmente esta iniciativa presidencial está egresada del sistema de evaluación Dipres por haber cumplido con el 100% de las recomendaciones efectuadas por el panel de evaluadores.
Otro error que detectaron en las palabras de Piñera, dicen desde el gobierno, se refiere a adjudicar un gasto en capacitación por US$ 360 millones, ya que esa cifra corresponde al presupuesto global de Sence, que incluye no sólo planes de capacitación (entre ellos +Capaz), sino también
US$ 115 millones para subsidios al empleo joven y de mujeres (generado en el gobierno de Piñera).
La minuta también mencionó que del total de usuarios que un 50,2% de quienes no trabajaban antes de ingresar al programa, sí lo hicieron al sexto mes de egreso.
“Tajante rechazo”
Ayer la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) expresó su “tajante rechazo” a las declaraciones del sector opositor sobre reducir la planta pública.
“La insultante denominación de ‘grasa’ da cuenta de su desconocimiento y desprecio por la labor de los funcionarios públicos y la necesidad de fortalecer al Estado”, plantearon junto con advertir que durante 2010 se despidió de forma arbitraria a más de diez mil trabajadores de carrera.
“Es una absoluta falacia hacer creer a los ciudadanos, que despidiendo a 20 mil funcionarios del Estado, se podrían redestinar
US$ 7.000 millones, equivalentes a casi al 10% del Presupuesto nacional, sin dar cuenta de la profunda merma que una medida de este tipo implicaría en la provisión de servicios públicos esenciales para la ciudadanía”, agregaron.
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